Los camioneros, abiertos al trasvase a las autopistas
El sector pide un estudio que fije cómo aplicar la medida
Los camioneros están dispuestos a circular por autopistas de peaje en vez de por carreteras, medida que el Ministerio de Fomento prevé implantar en determinados tramos por razones de seguridad vial, si es de carácter voluntario y no obligatorio. En este caso, los profesionales del transporte de carga aceptarían incluso poner en marcha de forma inmediata la propuesta con el fin de realizar un estudio sobre su incidencia y evaluar sus resultados cara al establecimiento de una fórmula definitiva. Para compensar a los afectados, el departamento que dirige Ana Pastor prevé bonificar hasta el 50% la tarifa de los peajes.
Sólo si este análisis lo recomendara, los camioneros aceptarían que en determinados tramos de carretera peligrosos se prohibiera, si fuera necesario, la circulación de camiones de grandes dimensiones y se desviaran a las autopistas. Asimismo, los transportistas estiman que a la luz de los resultados de esta experiencia podría ampliarse la medida a otras vías y variar los descuentos en los peajes según distintos criterios, como los tramos, los horarios, los días o meses, la intensidad del tráfico o las condiciones meteorológicas.
Estos planteamientos se han recogido en la propuesta acordada por las patronales del transporte de mercancías por carretera en la última reunión del Comité Nacional del Transporte (CNT), según informaron fuentes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Los transportistas la elevarán ahora al ministerio para continuar negociando sobre la medida. El plan pasa por obligar a los camiones de mayor tamaño a circular por las autopistas de peaje con el fin de descongestionar las carreteras convencionales, redistribuir los tráficos entre las distintas infraestructuras pa- ra, como objetivo principal, reducir la accidentalidad.
Medidas de este tipo ya se están aplicando en varios puntos de la red viaria. Uno es la N-II en Girona, donde Fomento, de acuerdo con la Generalitat de Catalunya, prohibió la circulación de vehículos pesados desde abril de 2013 y se desviaron a la AP-7. La rebaja en el peaje, que según el trayecto es del 35% o del 50%, la costea la concesionaria y la administración se ha compro- metido a poner una parte si no se cubren unos niveles mínimos de nuevo tráfico. Esto último no ha hecho falta hasta el momento. En el primer año de funcionamiento, 1,1 millones de vehículos pesados fueron desviados.
El ministerio pretendía comenzar a aplicar la medida a los nuevos tramos de forma gradual a partir del segundo trimestre de este año, pero ha asegurado que sólo se pondrá en marcha si logra un acuerdo con el sector del transporte. Las autopistas por las que estarán obligados a circular los grandes camiones suman una longitud de 1.360 kilómetros, la mitad de los 2.500 kilómetros que actualmente suma la red de vías de pago de España.
El mapa incluye distintos trazados de las autopistas AP-6, AP-61, AP-51, AP-4, AP-2, AP-7, AP-2, AP-1, AP-9, AP-68, AP-53 y AP-66 que se se reparten por el centro peninsular (la conexión Madrid, Segovia y Ávila), por el sur (entre Sevilla y Cádiz), por el arco mediterráneo, por la zona de Burgos, La Rioja y Aragón, y por la de León y Galicia.
El sector del transporte por carretera se opone a que la medida sea obligatoria porque, en su opinión, dispararía sus costes, pese a que se han previsto rebajas en los peajes. El Gobierno considera que estas bonificaciones, sumadas a los ahorros de tiempo y de carburante por utilizar vías más rápidas, mitigarían el impacto económico de la medida. Las organizaciones de transportistas creen que, de manera general, una cosa no compensaría la otra.
Los transportistas piden a Fomento una aplicación inicial voluntaria para comprobar los efectos