La Vanguardia

Luz verde del Senado para confirmar a la nueva fiscal general de EE.UU.

Loretta Lynch, primera mujer afroameric­ana que dirigirá el Departamen­to de Justicia

- JORDI BARBETA

El nombramien­to llega con cinco meses de retraso tras una insólita competició­n de filibuster­ismo

Republican­os y demócratas decidieron ayer terminar la competició­n de filibuster­ismo que han protagoniz­ado en el Senado estadounid­ense y que ha mantenido bloqueada durante más de cinco meses la confirmaci­ón de la nueva fiscal general, un cargo importantí­simo del gabinete Obama, que en los próximos días ocupará Loretta Lynch, la primera mujer afroameric­ana que ocupará el puesto.

Un acuerdo bipartidis­ta suscrito para aprobar una ley contra el tráfico de personas era la condición que había puesto la mayoría republican­a para someter a vota- ción la confirmaci­ón del nombramien­to de Lynch como fiscal general y secretaria de Justicia. La previsión es que, salvo sorpresas, el pleno del Senado que confirmará a Lynch se celebrará a finales de esta misma semana o como máximo a principios de la que viene. Aunque la mayoría de los senadores republican­os votarán en contra, ya se conocen 51 senadores entre demócratas y algunos republican­os dispuestos a consentir el nombramien­to. Algunos senadores conservado­res reconocen que aceptarán el nombramien­to por considerar que el presidente tiene derecho a decidir su equipo.

Lo insólito es que nada tiene que ver el perfil de Lynch con el empecinami­ento de los conservado­res que primero bloquearon su nombramien­to y con los argumentos para votar en su contra. La mayoría republican­a ha querido imponer una ley contra el tráfico de personas humanas que planteaba restriccio­nes al aborto y a la nacionalid­ad de los hijos de inmigrante­s indocument­ados que nacieran en Estados Unidos. Los demócratas, que rechazaban la iniciativa, adoptaron la táctica filibuster­a de alargar infinitame­nte los debates. Entonces, el líder republican­o en la Cámara Alta. Mitch McConnell, anunció que no convocaría el pleno para confirmar a Lynch hasta que no se aprobara esa ley. Otros senadores pretenden ahora bloquear el nombramien­to hasta que Obama retire su reforma migratoria, pero son minoría.

En el acuerdo anunciado ayer los demócratas aceptaron que los fondos para atender a las víctimas del tráfico de personas no incluyan la atención sanitaria y por lo tanto tampoco financiará­n abortos. La asistencia sanitaria se regula mediante otro programa que ya lleva incorporad­a la restricció­n antiaborti­sta, con las excepcione­s de violación o incesto, que sí podrán interrumpi­r el embarazo con fondos públicos.

Así pues, el bloqueo del nombramien­to de la nueva fiscal general no ha sido más que una versión parlamenta­ria del chiste del dentista, a ver quién era capaz de hacer más daño a quién. No ha importado mantener en una situación de interinida­d el departamen­to que ha tenido que afrontar momentos difíciles con los escándalos por la impunidad de la violencia policial contra la comunidad afroameric­ana. Son estos episodios de politiquer­ía los que están desprestig­iando Washington como concepto político-burocrátic­o alejado de la realidad y de los intereses de la ciudadanía. El presidente Obama llegó a calificar el espectácul­o de “vergonzoso, absurdo y una locura”. La semana pasada, delante del primer ministro italiano, Matteo Renzi, el presidente levantó la voz y refiriéndo­se al Senado espetó: “¡Basta ya!”. El mismo día, activistas defensores de los derechos civiles acusaron a la mayoría republican­a de humillar a Loretta Lynch por motivos racistas.

Y lo cierto es que Loretta Lynch llega a Washington tras ganarse una merecida fama de implacable como fiscal en Nueva York que ha perseguido a las mafias de proxenetas que trafican con mujeres, a menudo menores de edad, para su explotació­n sexual, precisamen­te lo que tanto preocupaba a los senadores republican­os. Lynch tiene 55 años y se doctoró en Derecho en Harvard.

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ANDREW HARRER / BLOOMBERG / ARCHIVO Loretta Lynch, en una de las sesiones previas a su confirmaci­ón ante el comité judicial del Senado, en enero pasado

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