La “repera patatera” del fraude fiscal
LA amnistía fiscal del 2012 llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular ha permitido detectar 715 casos sospechosos de blanqueo de capitales –entre los cuales se encuentra el de Rodrigo Rato–, referidos a cargos públicos, políticos, responsables de empresas públicas y familiares directos de todos ellos. El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, fue presionado ayer por los partidos de la oposición para que hiciera públicos estos nombres durante su comparecencia ante la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, pero se negó rotundamente a ello.
La negativa del director general de la Agencia Tributaria de dar los nombres de los acogidos a la amnistía es perfectamente lógica porque se ajusta al secreto que impone la ley de la citada amnistía fiscal. Igualmente comprensible, sin embargo, es la demanda de información por parte de la oposición ante la alarma social creada por los presuntos delitos fiscales de Rato y la sospecha de que en esa lista podrían estar otros nombres relevantes de la política. Pero en este dilema debe imponerse lo que diga la ley mientras el propio Parlamento no decida cambiarla. Habrá que esperar, por tanto, a conocer esos nombres cuando lleguen a los juzgados, si ese fuera finalmente el caso, al igual que ha sucedido precisamente con el exvicepresidente económico de los gobiernos de Aznar.
Lo que sí debería aclarar Santiago Menéndez es el alcance y la concreción de su afirmación de que todos los datos tributarios de que dispone la Agencia Tributaria, y que dice conocer, son “la repera, la repera patatera”, expresión que no figura en el diccionario de la Real Academia Española, pero que permite suponer que equivale a un escándalo monumental y que contribuye a incrementar la alarma social por fraude fiscal y corrupción. Ya de por sí lo poco que adelantó ayer da una idea de la colosal evasión fiscal que sufre España. En los tres años en que se aplica el modelo 720 de bienes en el extranjero se ha conseguido que afloren 124.000 millones que 197.000 contribuyentes tenían en más de 200 países, principalmente Suiza, lo que permite ensanchar las bases imponibles e incrementar las investigaciones con la valiosa información obtenida.
La oposición cree, y no le falta parte de razón, que el compareciente, ayer, debía haber sido Cristóbal Montoro, para dar explicaciones sobre el caso Rato, al igual que en su día hizo con el caso Pujol, porque es tanto o más relevante. Las diferencias de matiz legal entre ambos casos que argumentó el Gobierno para justificar su decisión no fueron lo suficientemente convincentes.