España, en el furgón de cola
Los resultados del reciclado no cumplen los objetivos marcados por Bruselas
El reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos presenta numerosas deficiencias en España. Se estima que sólo un tercio de los desechos acaban en plantas de tratamiento donde se manejan adecuadamente sus componentes. A los diez años de haberse introducido el actual sistema, que obliga a los fabricantes a asumir la correcta gestión de los aparatos usados, el esquema organizativo falla. Los fabricantes han delegado la tarea en los sistemas integrados de gestión (SIG), pero sus resultados dejan mucho que desear. La directiva europea puso como objetivo lograr que se recuperaran 4 kg por persona y año en el 2012. Sin embargo ese año (el último con datos disponibles) sólo se reciclaron 3,37 kg por persona y año.
La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha impuesto una sanción de 300.000 euros al sistema integrado Ecoleg “por no haber alcanzado los objetivos” de reciclado (que son de ámbito estatal pero están territorializados), según explica Josep Maria Tost, director de la ARC, quien no descarta reconsiderar la decisión si hay un cambio de actitud. No obstante, en general, observa una actitud poco proactiva en los sistemas integrados de gestión y reclama más implicación del sector de la distribución.
Los diferentes actores que intervienen se lanzan pullas, sin que hayan conseguido la eficacia o colaboración exigidas. ¿Por qué se recicla tan poco? Un primer problema entronca con que el comprador desconoce que, al adquirir un equipo o aparato eléctrico, ha pagado un sobrecoste incorporado por el fabricante en el precio total del producto), que sirve para financiar el posterior reciclado. Los comercios de más de 400 m2 tienen que aceptar la entrega gratuita de cualquier pequeño aparatos (de menos de 25 centímetros) sin necesidad de que el cliente compre ningún producto. “Pero todavía hay tiendas que no aceptan recogerlo”, admite Tost.
Otro foco de críticas procede del hecho de que los fabricantes han cobrado a los usuarios este sobrecoste (entre 5 y 30 euros por aparato) sin que este dinero esté sirviendo adecuadamente para que las empresa se hagan cargo efectivamente de los vie- jos electrodomésticos. Muchos equipos han acabado al final en chatarreros ilegales sin medios técnicos suficientes. Según algunas estimaciones, las grandes marcas sólo habrían destinado al reciclado un 21% de lo cobrado, según información manejada por el Consejo de Estado. Josep Maria Tost apunta que puede haber “un enriquecimiento ilegítimo si esta tasa se ha destinado a mejorar la cuenta de resultados y no a las tareas de descontaminación”.
Faltan más controles. Andrés Martínez, director general de la Fundación Ecotic (un sistema integrado que reúne a marcas de la línea blanca y otras muchas), coincide en que el actual sistema debe mejorar, aunque precisa que “cada uno debe asumir su responsabilidad”, en alusión a gestores de residuos, administraciones... Martínez apunta que si España está en el furgón de cola es porque se producen muchos robos de aparatos y equipos eléctricos y electrónicos que han sido dejados o almacenados en los puntos limpios ( deixalleries), objeto de frecuentes asaltos. Estos robos hacen que estos materiales escapen al control y caigan en manos de chatarreros alegales que no garantizan un correcto tratamiento del material.
Otras veces el desvío se produce cuando el transportista que viene a casa a recoger la nevera pero no la lleva a un centro homologado, sino a otro sin las debidas garantías, añade. “Ese es el 80% de problema, y de eso no somos responsables. Necesitamos investigar adónde van esos residuos y más control, como se ha hecho con los robos de cobre”, dice Martínez, que defiende los SIG diciendo que la única información disponible fiable es la que ellos proporcionan.