Crece la oposición a la reforma del Registro Civil

Registradores y funcionarios de Justicia critican la medida

A tan sólo tres meses de su entrada en vigor, la oposición a la reforma de la gestión del Registro Civil va a más. Los funcionarios y trabajadores de la Administración de Justicia, que, si se cumple el calendario previsto, el 15 de julio dejarán de prestar este servicio, intensifican sus protestas contra la medida. Por su parte, los registradores de la propiedad y mercantiles, a quienes se prevé encomendar esta función, ven el cambio precipitado, por lo que piden su retirada o su aplazamiento. El tiempo apremia y el Ejecutivo negocia con estos últimos las condiciones de este polémico traspaso.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó la semana pasada en el Congreso de los Diputados que está dispuesto a escuchar alternativas a este nuevo modelo. Pero subrayó que “lo que no tiene ningún sentido hoy en día es que sean los jueces los encargados de un registro público” y aseguró que el Ejecutivo va a “trabajar por un Registro Civil público, gratuito, telemático y manteniendo los puestos de trabajo de los funcionarios que actualmente se ocupan de esta función”. Catalá recordó que los registradores de la propiedad también “son funcionarios públicos que dependen y están bajo la tutela del Ministerio de Justicia”.

“No somos partidarios de asumir esta función, pero si no hay más remedio necesitamos más tiempo y recursos”, explicó ayer a La Vanguardia Luis A. Suárez, de- cano de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Catalunya. “No tenemos ni ley, ni reglamento, ni personal, ni sistema informático ni financiación”, lamentó. Los órganos de gobierno de ámbito estatal de estos funcionarios ya han expresado sus reservas ante la medida. Algunas de sus aso- ciaciones han ido más allá y se han posicionado en contra. Es el caso de la Francisco de Cárdenas, para la cual este cambio será “sumamente perjudicial para el interés público, pues implica la desnaturalización tanto del Registro Civil como de los registros de la propiedad y mercantiles”, ya que el primero se ocupa de hechos vitales de personas y estos últimos de asuntos económicos. La entidad teme que el coste que ocasione esta función se deba pagarse con recursos obtenidos por las actuales actividades de este colectivo, que no se financian vía presupuestos públicos, sino mediante los aranceles que cobran a sus usuarios.

Los funcionarios y trabajadores de Justicia que se encargan del Registro Civil van a intensificar sus movilizaciones contra la reforma. Sus representantes sindicales insisten en que la medida supone privatizar un servicio público que, si no se presta directamente desde la Administración, requerirá el pago de tasas por parte de los particulares. Esto quiere decir, a su juicio, que inscribir el nacimiento de un hijo, un matrimonio, una defunción o solicitar la nacionalidad española tendrán un coste que alguien deberá asumir directa o indirectamente.

El servicio que dan los juzgados se prevé encargar a los registros de la propiedad El Gobierno mantiene el 15 de julio para la entrada en vigor del cambio