Estado de bienestar poscrisis
LA larga y dura crisis económica que ha sufrido España ha puesto a prueba los límites de resistencia del gasto social, fundamentalmente sanitario, que se ha reducido al mínimo sostenible y cuyo mantenimiento, en cualquier caso, ha sido posible en buena parte por el mayor esfuerzo organizativo y los sacrificios del personal. Se ha logrado hacer lo mismo que antes con menos dinero. Es evidente, sin embargo, que esta presión de menor gasto y mayor esfuerzo se ha traducido en un cierto deterioro de la calidad asistencial. Una vez iniciada la recuperación económica, con elecciones generales a menos de un año vista, se impone una profunda reflexión sobre el gasto social en la sociedad española, con propuestas claras, realistas, exentas de promesas imposibles de cumplir y alejadas de dogmatismos ideológicos por parte de las diferentes fuerzas políticas que optan a gobernar.
La insuficiencia de recursos públicos es evidente en todos los ámbitos del gasto social en España, como lo demuestra la limitación del aumento de las pensiones, la reducción de la cobertura al desempleo, las crecientes necesidades de asistencia social derivadas del incremento de la pobreza a causa de la crisis y los recortes en educación y salud.
Las tensiones más graves, sin embargo, se producen en el sector sanitario porque los recortes aplicados coinciden con el aumento exponencial del gasto que sufre la sanidad como consecuencia del encarecimiento derivado de los nuevos tratamientos y medicamentos que constantemente salen al mercado. Hace ya muchos años que se ha advertido que el sistema sanitario español resulta insostenible y ha llegado el momento de afrontar su presente y su futuro con realismo. O se aporta más dinero, bien sea con cargo a los presupuestos públicos –si esto fuera posible– o con recurso a sistemas de copago en función de la renta de los beneficiarios, o será irreversible el deterioro de la calidad del servicio que se había alcanzado.
Resulta ilusorio pretender tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo –algo a lo que se había acostumbrado la sociedad española– con unos niveles de gasto público inferiores a la media europea. Catalunya, como consecuencia entre otras cosas de un deficiente sistema de financiación autonómica, destina el 5,7% de su producto interior bruto a gasto público en salud frente al 6,7% de España y al 7,5% de la media europea. Muy lejos todo ello del 8,6% que destina Alemania o del 9% de Francia. Las diferencias son abismales y se deberían corregir con urgencia. Análisis similares pueden hacerse en pensiones, subsidios, ayudas sociales y en el conjunto del sistema educativo.
Al margen de una eventual reordenación de las prioridades presupuestarias, y de una lucha más eficaz contra el fraude y la desigualdad fiscal, la realidad muestra un único camino: si la sociedad española quiere un mejor y mayor gasto social después de la crisis deberá estar dispuesta a pagar más por ello o bien aceptar el riesgo del deterioro de las prestaciones y de los servicios básicos, ya que las políticas de ahorro y de reorganización han llegado al límite. Este es el gran debate del Estado de bienestar poscrisis.
Lo prioritario, sin embargo, es afianzar la recuperación económica, con generación de mayor riqueza y empleo de calidad para poder sostener la situación actual sin generar mayor déficit público que aumente el gran –y también insostenible– endeudamiento del país.