Lenguas y política
No es necesario ser independentista para lamentar la antiquísima incomodidad que suscita el catalán en la sociedad española. Esta vieja incomodidad permite al ministro Wert recurrir a un fácil electoralismo: demandando al TSJC que imponga el 25% de las clases vehiculares en castellano y exigiendo que se modifique el proceso de preinscripción escolar. El PP necesita desviar la atención de sus corruptos y la guerra de las lenguas siempre ayuda a calentar los corazones de los votantes decepcionados. Sucedió también hace un par de meses en las Cortes Valencianas: divide et impera. Menos evidentes, pero igualmente sospechosas, son las sentencias que sobre Catalunya emiten el Supremo y el Constitucional.
No era necesario formar parte del grupo de historiadores que participaron en el inútilmente belicoso y poco inteligente simposio “España contra Cataluña” para tener noticia de una lista infinita de prohibiciones que la lengua catalana ha sufrido a lo largo de siglos. No es una cuestión opinable: el inventario de leyes, normas y documentos represivos ha sido publicado y consta en los repertorios legales de nuestro Estado. Toda opinión y toda acción española en relación con las lenguas que no son la castellana, debería partir de la conciencia de aquella larga persecución, de la que el franquismo fue un capítulo más.
Cuando, años atrás, el rey Juan Carlos pronunció un discurso afirmando que el castellano ha sido siempre lengua de encuentro, se produjo una discusión engañosa. En los medios de la capital se defendió la idea de que el castellano nunca ha sido impuesto, dado que está presente en la vida cultural y económica catalana desde el siglo XV. Para los medios catalanes, en cambio, que recordaron algunas de las persecuciones históricas, aquella afirmación hirió como una burla. El hecho es que el funcionario redactor del discurso del rey había leído, aunque sin atención, un libro de Juan R. Lodares: Cervantes, historia hu- mana del español, que sostiene lo siguiente: el castellano fue lengua de atracción económica en Cataluña desde el siglo XV. Lodares, que murió de accidente en plena producción intelectual, escribió un relato darwinista y neoliberal de las lenguas peninsulares para preguntarse: si el castellano se ha convertido en una gran autopista internacional: ¿qué sentido tiene persistir en la utilización de caminos arcaicos y sin asfaltar como el catalán? Para explicar la expansión del castellano en Catalunya, Lodares afirmaba: “Más importante fue el oro que la espada”. Cito a Lodares para recordar que incluso quien con más habilidad explicó la presencia histórica del castellano en Catalunya por razones pragmá- ticas (oro), no negó la importancia de la violencia de Estado (espada).
Es evidente que los castellanohablantes de hoy no son responsables de los abusos históricos pasados, pero es justo pedirles, al menos, que se distancien de los paralelismos cínicos. Es cínico y ventajista comparar los siglos de represión y persecución que ha sufrido el catalán a la política lingüística catalana actual (olvidando que ha sido elaborada democráticamente y que se acerca, aunque sin llegar tan lejos, a la de países tan democráticos como Suiza).
Ahora bien, la reflexión sobre la política lingüística catalana no sería precisa ni democrática si olvidara, como hace el catalanismo, que el castellano es la lengua propia y habitual de una gran mayoría de catalanes (50,73% según el último estudio en contraste con el 36,29 de catalanohablantes). El castellano no puede ser tratado como una lengua ajena o extraña. Cada vez que las instituciones catalanas se oponen a la introducción de la lengua castellana como vehículo de aprendizaje escolar están, no sólo contradiciendo a un ministro leñador, sino también hurgando en la sensibilidad de los castellanohablantes de Catalunya. Y más cuando, leyendo la programación de muchas escuelas de élite (Aula, por ejemplo, de la que fue alumno el president Mas) se constata que, con respecto a las lenguas, funcionan exactamente como propone C’s.
La política lingüística busca proteger la lengua débil. Incluso el Tribunal Constitucional (sentencia 2010) está de acuerdo. Pero la protección sólo se sostiene sobre el fundamento de un gran consenso, sobre un gran pacto de la sociedad catalana consigo misma. Este pacto existió. Pero ya no está claro que persista (veremos qué mapa desvela el ciclo electoral de este año).
En contra de lo que tópicamente se afirma, la independencia complicaría el futuro del catalán, dado que, como ha estudiado el profesor Branchadell, la reclamación por parte de los castellanohablantes de una red escolar propia (y de otras muchas singularidades) estaría protegida por el derecho internacional. Ahora bien, especulaciones al margen, es un hecho que la lengua catalana ya es la víctima más llamativa del maniqueísmo que ha introducido el debate soberanista: se está resquebrajando el consenso que la sociedad catalana había construido en torno a la política lingüística (sólo cuestionado tradicionalmente por el PP y, en los últimos años, por C’s). Es por esta razón que algunos nos oponíamos a una elección binaria: o sí o no. La elección binaria, sea cual sea su resultado, inevitablemente erosiona el acuerdo que hizo posible la inmersión. La política lingüística ya no se discute tan sólo desde Madrid. Si el previsible aumento de Ciutadans se confirma, por primera vez en el interior de la Catalunya contemporánea, los opositores a la protección del catalán tendrán un apoyo decidido y determinante.