Secesión y derecho internacional
Al hilo de nuestro anterior artículo “Costes exteriores de la independencia”, publicado por La Vanguardia el 10 de noviembre pasado, la actualidad del tema nos anima a volver sobre él utilizando nuestra experiencia en el campo de las relaciones internacionales para insistir en las consecuencias de una hipotética secesión unilateral a la luz del derecho internacional.
A este respecto, la legislación no deja lugar a dudas: la secesión unilateral de parte del territorio de un Estado no es aceptada por ninguna Constitución del mundo ni por el derecho internacional más que en casos excepcionales. La Constitución de 1978, refrendada por la mayoría de los catalanes, concede a las autonomías competencias más amplias que a entidades equiparables en otros países europeos, sin incluir la capacidad de decidir la secesión. El principio de integridad territorial de los estados, uno de los pilares de la Carta de la ONU, no deja otra vía legal para la independencia de Catalunya que su aceptación por las Cortes y la adopción por estas de la correspondiente enmienda constitucional. En su defecto, una hipotética declaración de independencia no tendría validez para el derecho internacional. El principio de autodeterminación de los pueblos, adoptado para liquidar los imperios coloniales tras la Segunda Guerra Mundial, sólo es aplicable, según la doctrina de la ONU, a las colonias, en caso de dominación extranjera, o en supuestos de genocidio o de violación masiva y flagrante de los derechos humanos. En cuanto a la Unión Europea, el artículo 4.2 del tratado de la Unión prevé que “la Unión respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional”.
En caso de una secesión de Catalunya, España seguiría siendo titular de todos los tratados y miembro de las organizaciones internacionales de las que es parte, viéndose Catalunya, por el contrario, desvin- culada de ellos. Catalunya quedaría fuera de la UE, de la ONU, de la OTAN, de las organizaciones económicas internacionales (OMC, FMI, Banco Mundial, OCDE). Tendría que negociar, si le interesara, cada uno de estos tratados y el ingreso en cada una de estas organizaciones. El ingreso en la UE y en la OTAN exige la unanimidad de los estados miembros, ya que cada uno de ellos tiene derecho de ve- to. Los principales representantes de la UE han reiterado que, en caso de independencia, Catalunya sería para la Unión un país tercero, quedando al margen de sus instituciones y tratados. En cuanto al ingreso en la ONU, requiere el voto favorable de dos tercios de los miembros de la Asamblea General, tras la propuesta favorable del Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes tienen derecho de veto. Rusia y China, enfrentadas a fuerzas secesionistas, defienden a ultranza el principio de integridad territorial. Rusia vetó el ingreso de Kosovo en la ONU y China, aunque no lo vetó, se opone igualmente a él. En cuanto a EE.UU., país que en su día mantuvo su unidad territorial tras una cruenta guerra civil, el presidente Obama manifestó, en vísperas del referéndum sobre la independencia de Escocia: “Tenemos gran interés en que uno de los aliados más cercanos que jamás tendremos siga siendo un socio fuerte, robusto, unido y efectivo”. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, declaró el pasado año: “Creemos en una España fuerte. Si alguien piensa que se puede salir de un país sin consecuencias económicas, se equivoca completamente. La salida de Catalunya de España tendría consecuencias peligrosas para España, para Catalunya y para Europa”. Partiendo de una realidad jurídica muy diferente a la nuestra, el Reino Unido autorizó el referéndum para la independencia en Escocia; pero el Gobierno británico la combatió activamente y no tiene ningún interés en un precedente que pudiera reavivar el nacionalismo escocés. De lo anterior se desprende que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no ven con buenos ojos una eventual independencia de Catalunya. Alemania no es miembro del Consejo de Seguridad, pero nadie ignora que es la principal potencia europea. La canciller Merkel, en julio del 2014, en respuesta a una pregunta sobre Catalunya dijo: “Defendemos la integridad territorial de todos los estados, que es algo totalmente distinto de la independencia de una región”.
Por todo ello, se debería identificar lo que nos separa para ver qué solución amistosa y negociada encontramos, modi-
Habría que identificar lo que nos separa para buscar una solución negociada, incluso modificando el marco jurídico
ficando, si fuera preciso, por los cauces legales existentes, el marco jurídico actual. Las partes deberían, por un lado, comprometerse a no vulnerar el Estado de derecho y, por otro, no atrincherarse en un paralizante inmovilismo. Los embajadores de España firmantes de este artículo, leales a nuestra condición de catalanes, españoles y europeos, llamamos con insistencia al diálogo.
Un país con una historia como la nuestra no puede ir contra la tendencia política mundial de construir grandes sistemas de integración para ser competitivos en lo económico y tener peso político en el mundo, como si fuésemos ajenos al esfuerzo de unidad de Europa. Este país no puede resignarse a tener que explicar en el futuro que a la hora de las grandes decisiones internas, no quisimos o no supimos negociar. En su día el presidente Rajoy ofreció a Catalunya “diálogo sin fecha de caducidad”. Y el president Mas dijo: “No haré nada contra las leyes”. Estas afirmaciones siguen siendo un buen punto de partida. Todavía estamos a tiempo.