Pablo Iglesias y Catalunya

Es una obviedad recordar que las propuestas políticas ganan en capacidad persuasiva en relación proporcional con su ambigüedad. En general, la simple invocación de principios vacíos o ideas abstractas basta para generar la aquiescencia necesaria para generar adeptos, mientras la concreción práctica acostumbra a provocar desbandadas. Por ello, la respuesta “depende” a la pregunta por una cuestión polémica, cuando contestar explícitamente obliga a tomar posición, es siempre el salvavidas que preserva la ambigüedad. Y “depende” fue una de las respuestas más reiteradas en la entrevista que Jordi Basté hizo la semana pasada en RAC1 a Pablo Iglesias, el líder de Podemos.

En este proceso de enfriamiento de las expectativas, correlativo, como es previsible, de una mayor concreción en las propuestas, no extraña que, puesto que el posicionamiento político de Catalunya en favor del derecho a decidir y la soberanía constituye, por el momento, el desafío más sustancial que tiene el Estado español, también sobre esto se exijan concreciones.

La entrevista de Basté a Iglesias, que no dudo que el tiempo convertirá en un clásico del periodismo, tiene un valor inmenso porque sus respuestas son, en el debate hegemónico en Catalunya, las más explícitas dadas hasta el momento. Y ello a pesar de la in- comprensible, o no, renuncia de Iglesias a posicionarse sobre temas clave como el corredor mediterráneo (“no sabría contestarle a esa pregunta”), el blindaje de competencias en educación y cultura (“depende”), el debate sobre las competencias exclusivas en diversos ámbitos de actuación política (“no se trata de establecer una competencia sobre quién decide”) o la unidad de la lengua catalana (“no sabría decirle, no lo sé”). Quien calla, otorga. Pero son dos los posicionamientos más inquietantes que se explicitaron en la entrevista.

Basté preguntó si la nueva Constitución que propone elaborar Podemos abolirá el artículo actual que atribuye al ejército la garantía de la unidad territorial. Transcribo literalmente la respuesta de Iglesias: “Hay que dejar claro que yo no voy a escribir la nueva Constitución. La nueva Constitución tendrá que escribirla en todo caso una asamblea constituyente. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que... que... que el... si se interpretan ciertos artículos como una suerte de elementos que sirven para enfrentar a ciudadanos de un mismo Estado, yo eso a mí eso no me gusta. Pero, digamos, el ordenamiento jurídico, también en lo que se refiere a las cuestiones territoriales, es algo que tendrá que estar salvaguardado por los diferentes órganos administrativos del Estado, sean jueces o fuerzas de seguridad. Yo sé que ese artículo de la Constitución se interpreta como una vieja reminiscencia que vendría a limitar la capacidad de los catalanes. Yo creo que la nueva Constitución tendría que ser salvaguardada por todas las instituciones encargadas de salvaguardar la ley, y que esto es normal en todas partes”. Una respuesta nada esquiva ni ambigua, que constituye lo más perturbador que dijo: la impugnación del llamado “régimen del 78”, pues, no afecta a ese engendro constitucional impuesto, como se sabe, por los sectores más ultramontanos del franquismo en los debates constitucionales de la transición. Bueno es saberlo.

Por otra parte, también ilustra sobre cómo Podemos entiende el debate sobre el derecho a decidir: como una “cuestión territorial”. Esto es: no como un debate en torno a la posibilidad de que Catalunya se constituya como Estado propio independientemente de España, sino en torno a la redefinición de la relación de una parte con el todo. Preguntado Iglesias reiteradamente sobre ello y sobre un eventual referéndum de independencia, quedó por primera vez explícito lo que defiende Podemos: “Que los catalanes expresen públicamente su voluntad”, o “que los catalanes puedan hacer pública su opinión”. Gracias, hombre. Todo ello, además, recordando que “si no se abre un proceso constituyente en el conjunto del Estado, no tiene recorrido jurídico” o que “eso no es posible en el marco de la legalidad actual”. Y que, en todo caso, “solamente abriendo un proceso constituyente sería viable establecer fórmulas de relaciones jurídicas con el conjunto del Estado español distintas”.

Traducido: en el marco actual, nada de nada. Y, tras el supuesto proceso constituyente, los catalanes podrían expresar, pero sólo expresar, su opinión, y “una asamblea constituyente tendría que tener en cuenta lo que han dicho los catalanes votando”. Tendría que tener en cuenta, sólo eso. Negativa explícita, pues, en el marco actual y en el nuevo marco propuesto, a que se reconozca la soberanía de Catalunya para decidir su futuro. Catalunya podrá opinar y su opinión deberá ser tenida en cuenta. No sé en otras cuestiones, o sí, pero en lo que respecta a Catalunya, Podemos no aporta nada nuevo. Fin de la ambigüedad. Para tener en cuenta también el 24-M.

En lo que respecta a Catalunya, Podemos no aporta nada nuevo. Para tener en cuenta también el 24-M