Ley prehistórica
Curiosamente, la libertad de información y expresión está más vigilada y limitada durante la campaña electoral
Los partidos catalanes están validando el refrán de que sólo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena con su nuevo intento de aprobar una ley electoral catalana que lleva, nada más y nada menos, 35 años esperando en el gran cajón de las promesas incumplidas. A cuatro meses de las elecciones del 27-S, no parece que vaya a haber ningún acuerdo si nos atenemos al habitual tacticismo con el que se mueven las formaciones políticas en nuestro país.
Es necesaria una ley electoral catalana por varias razones. Por un lado, porque en este asunto Catalunya está a la cola en España y Europa. Y por otro, porque la norma que se aplica por elevación se ha quedado anticuada y no responde a las actuales demandas ciudadanas de transparencia, libertad de información y expresión, pluralidad, apertura a nuevos niveles de participación y de posibilidades tecnológicas de votación, ni a los modelos de contención del gasto electoral que ya se aplican en muchos países con los que siempre nos comparamos.
Hay que reconocer que suena bien la música que se oye en la negociación que llevan a cabo los partidos sobre este tema. Pero hoy parecen más interesados en cómo van a quedar sus siglas en la foto final después de las elecciones que en cómo modernizar el proceso electoral para hacerlo más atractivo y sin los anacrónicos corsés que hoy nos imponen, por ejemplo, en materia informativa. En este sentido, da envidia observar que en el Reino Unido no haya limitaciones para realizar sondeos electorales, incluso el mismo día de la votación.
La restrictiva ley que tenemos aquí todavía nos trata como a niños de párvulos que no tienen criterio y deben ser tutelados para evitar que les engañe cualquier malvado hombre del saco. Aquí está prohibido publicar sondeos durante la última semana de la campaña electoral. Y pobre del que se le ocurra manifestarse o informar de la actividad política la víspera del día de la votación porque puede acabar sentado en el banquillo de los acusados y juzgado penalmente.
La campaña electoral es el momento más adecuado para debatir y confrontar ideas y es cuando los ciudadanos buscan más información y contraste entre las distintas propuestas de los partidos. Pues bien, es durante estos quince días cuando los medios de comunicación están vigilados y coartados en su libertad de información por una ley prehistórica y carca que aplica una especie de tribunal inquisidor que se llama Junta Electoral. A ese estamento acuden en masa, cual delatores o chivatos, partidos y particulares para volcar todo tipo de denuncias que, a menudo, demuestran impotencia, frustración y venganza.
Y, mientras tanto, las redes sociales sirven de vía de escape a esta absurda limitación y dejan en evidencia una ley que pide a gritos una reforma más amplia de la que los partidos abordan.