Guillaume Garot
Los minoristas, obligados a donar sus excedentes a oenegés
DIPUTADO SOCIALISTA FRANCÉS
El exministro de Agricultura de Francia fue el responsable de introducir tres enmiendas a la ley que la Asamblea Nacional aprobó el jueves y que obligaran a los grandes minoristas franceses a donar sus excedentes a oenegés.
El sector de la gran distribución minorista en Francia muy pronto ya no podrá tirar la comida sin vender de sus estantes, después de que la Asamblea Nacional francesa aprobara el pasado jueves, por unanimidad, una serie de medidas contra el desperdicio de alimentos. La iniciativa legislativa la impulsó el exministro de Agricultura Guillaume Garot, diputado del Partido Socialista, con la introducción de tres enmiendas dentro del proyecto de ley sobre la transición energética.
Según la ley aprobada ayer, a partir del 1 de julio del año próximo, los minoristas deberán esforzarse para evitar el desperdicio o destinar sus excedentes a donaciones a bancos de alimentos o bien para la alimentación animal o la producción de compost para la agricultura. Tampoco podrán revender los excedentes que aún sean aptos para el consumo. Los supermercados e hipermercados de más de 400 metros cuadrados tendrán la obligación de establecer acuer- dos con organizaciones de beneficencia para facilitar estas donaciones. Los productos no vendidos que sean devueltos al proveedor también serán considerados una donación, puesto que ahora están siendo destruidos. Por último, la ley establece que la lucha contra el desperdicio de alimentos se integre en la educación alimentaria que ya reciben los escolares franceses.
Jacques Creyssel, delegado general de la Federación de Comercio y Distribución de Francia, dijo en un comunicado que “la ley se ha equivocado de objetivo, ya que la venta al por menor solo representa el 5% de los residuos de alimentos”. Además, añadió que ya son “los primeros donantes” y que ya hay aproximadamente 4.500 tiendas que han firmado acuerdos con organizaciones humanitarias.
Al contrario que en Francia, en España no existe ninguna ley de ámbito estatal que regule de forma tan clara el desperdicio alimentario. Sólo una ley sobre suelos y residuos contaminados establece que “las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, deben aprobar antes del 12 de diciembre de 2013 programas de prevención de residuos”; programas de prevención en los que, “entre otras medidas, se prevé específicamente que se aborde la generación de residuos de alimentos con medidas encaminadas a evitar el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo responsable”. A su vez, en 2013, el Parlamento de Navarra aprobó una ley sobre la utilización de residuos alimenticios, que no pasó de ser una declaración de intenciones.
Casi todas las grandes cadenas españolas de distribución tienen programas para la gestión de sus excedentes, como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa. El Ministerio de Agricultura puso en marcha, en 2013, la estrategia “Más alimento, menos desperdicio”, que es una campaña a la que se pueden adherir voluntariamente todos los agentes de la cadena alimentaria, para lo que solo deben “suscribir una declaración de autocontrol”.
En España no existe una ley similar y todo queda en manos de la buena voluntad de los grandes distribuidores