Putin estrecha el círculo
El presidente ruso firma una ley que permitirá cerrar oenegés extranjeras
El Kremlin cierra más el círculo sobre la sociedad civil apoyada desde fuera. Tres años después de que una ley obligase a las oenegés con actividades políticas y financiadas desde el exterior a declararse “agentes extranjeros”, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sancionado una nueva norma legislativa que permitirá cerrar organizaciones internacionales y extranjeras si son consideradas “indeseables”.
En un tiempo en el que las relaciones de Rusia con los países occidentales están por los suelos, esta iniciativa ha causado preocupación tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, muy críticos con el papel de Rusia en la guerra del este de Ucrania.
Quienes la defienden aseguran que la nueva norma es necesaria precisamente en este marco propio de guerra fría, para evitar que desde el exterior se usen estructuras implantadas en territorio ruso para dañar la estabilidad del Estado.
La ley, firmada por Putin el pasado sábado, da a la Fiscalía, tras consultar con el Ministerio de Exteriores, el poder de declarar una oenegé extranjera e internacional “no de- seable” y cerrarla si supone una amenaza al orden, la defensa o la seguridad del Estado ruso. Será el Ministerio de Justicia el encargado de hacer público el nombre de la organización que reciba esa etiqueta. Desde ese momento no podría trabajar en la Federación Rusa, ni abrir sedes en su territorio ni divulgar materiales informativos. El incumplimiento puede acarrear multas económicas o penas de cárcel de hasta seis años.
La oficina de la principal repre- sentante diplomática de la Unión Europea, Federica Mogherini, emitió ayer un comunicado calificándola de “paso preocupante en una serie de restricciones impuestas a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y la oposición política”.
Desde Human Rights Watch, la directora de su programa para Ru- sia, Tatiana Lokshina, coincidía la pasada semana en un artículo con esta idea de que el principal objetivo de la nueva norma serán las organizaciones o los ciudadanos rusos que colaboren con organizaciones internacionales como la suya.
La oposición política a Putin, apartada de las principales instituciones del Estado, despertó en el 2011, cuando se supo que el jefe del Kremlin, entonces primer ministro, iba a optar de nuevo a la presidencia. Durante meses organizó las protestas más numerosas contra Putin desde su llegada al poder hace quince años. Pero las manifestaciones se fueron apagando después de mayo del 2012, cuando Putin asumió de nuevo la presidencia.
El conflicto ucraniano, que ha provocado una explosión de sentimiento patriótico en Rusia y unos niveles de popularidad por encima del 80% para Putin, ha dejado a la oposición sin estrategia. Eso no ha impedido, sin embargo, que siga ejerciendo un papel crítico, como la publicación este mes del informe Nemtsov, en el que amigos y colaboradores del político Borís Nemtsov, asesinado en febrero, han completado su investigación. En ella se incluyen testimonios de familiares de soldados rusos con los que se quiere demostrar que Rusia envió militares al este de Ucrania, algo que la versión oficial del Kremlin siempre ha negado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rusia de restringir el trabajo de la sociedad civil y de “reprimir a las voces independientes”. Su portavoz, Marie Harf, dijo en un comunicado que es un “paso intencionado para aislar al pueblo ruso del resto del mundo”.
La nueva ley fue aprobada la semana pasada en las dos cámaras del Parlamento ruso, la Duma y el Consejo de la Federación (Senado). Inmediatamente, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que forma parte Rusia, pidió al presidente Putin que vetara el texto. Según Dunja Mijatovic, representante de la OSCE para la libertad de prensa, “la vaga y amplia redacción de esta ley puede suponer la introducción de serias restricciones a un amplio espectro de derechos democráticos, incluidas la libertad de expresión y de prensa”.
Este es otro elemento de controversia de la nueva ley, ya que es tan vaga que deja la puerta abierta a interpretación y, como consecuencia, a una aplicación selectiva injusta.
Lokshina, en su artículo publicado en la web de Open Democracy, dice que la ley es poco concreta. Cuando habla de sanciones a quienes participen en actividades de una organización “indeseable”, no especifica qué participación. “Así que todo vale. Distribuir (incluidos los posts on line) los comunicados, informes u otros materiales, o participar en actividades, incluso ponerse en contacto con miembros de la organización”, escribe.
La Defensora del Pueblo de Rusia, Ella Pamfílova, aseguró que puede ser potencialmente dañina. “Teniendo en cuenta las deficiencias de la ley de Agentes Extranjeros (2012), la nueva ley puede afectar a un amplio número de oenegés rusas: de forma selectiva y no justificada. Por sí mismo, el término “no deseado” es muy cuestionable desde un punto de vista legal. ¿Indeseable para quién?”, argumentó.
Con Ucrania de fondo, los defensores de la ley creen que hay que proteger al Estado de injerencias externas Estados Unidos y la Unión Europea critican la medida, que consideran un “ataque a la sociedad civil”