El imputado desimputado
Un candidato de la lista de Cifuentes logra que su acusación se archive in extremis
El número 7 de la lista de Cristina Cifuentes (PP) para la Comunidad de Madrid, Álvaro Ballarín, ha protagonizado una curiosa historia de ida y vuelta a la situación de imputado que ha puesto en peligro los posibles pactos entre los populares y Ciudadanos. La formación que lidera Albert Rivera está dispuesta a darle tiempo al tiempo en cuanto a sus reivindicaciones de elecciones primarias y listas abiertas en todos los partidos que aspiren a ob- tener su apoyo, pero en lo que no va a ceder es en la línea roja de no pactar con organizaciones que lleven imputados en la mochila.
De ahí las prisas, que diría el clásico. Y Ballarín ha logrado el milagro de la conversión de su situación procesal de entorpecedora en inocua. Lo cierto es que el candidato popular estaba imputado desde el pasado mes de enero por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia en el juzgado de instrucción 39 de Madrid. Pero al poco de trascender la noticia, fuentes del PP con- firmaron que Ballarín “no se encuentra en situación de imputado tras la retirada de la querella por parte de los demandantes”.
El problema de las querellas, no obstante, es que cuesta relativamente poco presentarlas y mucho detener sus efectos. Y es que cuando se pone en marcha la acción penal ya no sólo interviene el querellante, sino también la Fiscalía, lo que puede suponer una dificultad añadida, en éste y en todos los casos en que el supuesto delito denunciado no es de los perseguibles exclusivamente a instancia de parte.
De momento, en todo caso, lo que hay sobre la mesa es el sobreseimiento provisional del asunto, porque la empresa Camosa, que se había querellado contra toda la junta de distrito de MoncloaAravaca, pidió a finales de la semana pasada el archivo de la querella con respecto a Ballarín. La resolución no es firme, porque puede ser recurrida ante el propio juzgado o ante la Audiencia Provincial. La denuncia inicial contra Ballarín se refería a un informe técnico que habría sido “amañado” y “elaborado a la carta” para justificar una resolución municipal que sorteaba el cumplimiento de una sentencia firme de 2007 en la que se ordenaba enmendar una ilegalidad urbanística o derribar un aparcamiento. Una primera querella que se presentó sobre este asunto también fue archivada hace dos años.