El fiscal pide 3 años de prisión para la excúpula de NCG
La acusación solicita que devuelvan los 18,9 millones que se asignaron
El juicio contra los cinco directivos de Novacaixagalicia (NCG) acusados de adjudicarse indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros y contra el abogado que les asesoró en la operación se inició ayer en la Audiencia Nacional con una petición fiscal de tres años de prisión y otra de tres años de inhabilitación para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector bancario.
El primer procesado en prestar declaración fue el citado letrado, especialista en derecho laboral, Ricardo Pradas, quien defendió la legalidad de los contratos de prejubilación suscritos por la excúpula de la entidad. Prada dijo estar tan convencido de que el procedimiento seguido es irreprochable que en un momento dado exclamó que si resulta condenado “que baje Dios y lo vea”.
La acusación, en todo caso, se dirige contra él y contra el expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso; así como contra el que fuera director general de la entidad, José Luis Pego; el exdirector general adjunto Javier García de Paredes; el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y el antiguo gestor de la oficina de integración, Óscar Rodríguez. Todos ellos están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
La fiscal propone, como calificación alternativa, que los hechos se consideren como estafa, al haberse asignado rentas vitalicias, subidas salariales y pensiones millonarias. Según la Fiscalía, lo ocurrido es más grave en el contexto en que se produjo, el de una difícil situación de la entidad, que se hallaba inmersa en un proceso de fusión con Caixagalicia en el que había pedido la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para capitalizar la nueva caja.
El mencionado letrado que asesoró a los exdirectivos manifestó ayer que en todo momento actuó “con pulcritud jurídica” y que cuestionarlo supo- ne “buscarle tres patas al gato”. Anticorrupción, en cambio, se los ha buscado y ha creído encontrarlos. Tres, o incluso más.
De hecho, la Fiscalía considera autores de los citados delitos económicos a Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada. Acusa, a su vez, de cooperación necesaria en los mismos hechos a Pradas y Fernández Gayoso. De este último, Anticorrupción dice que en su condición de co- presidente de Novacaixagalicia y como “máximo gestor” de la entidad, debió haber actuado con “mayor diligencia” para proteger los intereses de la caja, sin anteponer a esa labor de cautela “los intereses particulares” de dichos directivos.
Pradas sostuvo ayer que los contratos a favor de los exdirectivos acusados regulaban la posibilidad de preju- bilarse si concurría una causa que estuviese justificada, como sería la modificación de aspectos básicos de la entidad.
Se trataba –añadió– de una situación “de libro”, que se afrontó en esos términos porque los directivos estaban preocupados por la “incertidumbre” que existía sobre su futuro en la nueva entidad.
La Fiscalía, en cambio, no sólo considera que los hechos fueron delictivos y pide penas de prisión, sino la restitución de los mencionados 18,9 millones de euros, por considerar que fueron percibidos “ilícitamente”.
De ese dinero, 7,7 millones corresponden a Pego, 5,6 a García de Paredes, 4,8 a Gorriarán y 691.261 euros a Rodríguez Estrada. Novacaixagalicia echó a andar en diciembre de 2010. Había recibido del FROB una primera aportación de 1.162 millones de euros.
La tesis que sostiene Anticorrupción es que, en esas circunstancias, los miembros de la cúpula de la entidad actuaron para lograr “un importante beneficio patrimonial” e introdujeron “diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección” para garantizarse “rentas vitalicias futuras” si dejaban la caja.
Anticorrupción los acusa de autoconcederse “rentas vitalicias futuras” en caso de dejar la caja