Roxana Baldetti
EXVICEPRESIDENTA DE GUATEMALA
La justicia ha decretado el procesamiento y prisión de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti –que en mayo se vio forzada a dimitir– por el caso de corrupción de la Línea, que también salpica al presidente.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, podría ser desaforado y juzgado en las próximas semanas por su presunta vinculación en la red mafiosa que expoliaba las arcas públicas desde el sistema nacional de aduanas. La Corte Suprema acordó el martes por unanimidad solicitar al Congreso que retire la inmunidad del presidente para que la justicia pueda procesarlo. El pasado 13 de agosto, el legislativo ya rechazó la petición del tribunal, pero las circunstancias políticas se han girado contra Pérez Molina y, en esta ocasión, los diputados tal vez darían curso al procedimiento. Además, las autoridades judiciales dictaron ya orden de procesamiento y de prisión –por riesgo de fuga– contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que dimitió el pasado 8 de mayo y fue arrestada el viernes bajo la acusación de encabezar la trama del fraude. Los cargos que se le imputan son asociación ilícita, estafa, defraudación en aduanas y cobro de sobornos.
Acorralado por el escándalo, al presiente guatemalteco le quedan pocos asideros. El clamor para que dimita se extiende a todos los sectores se la sociedad y sus aliados tradicionales le abandonan. Por el momento, seis de los trece minis- tros de su gabinete han renunciado, luego de que la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, patrocinada por la ONU) destaparan la olla de corrupción. La investigación del caso ha revelado la existencia de una red de funcionarios que se dedicaba a cobrar sobornos a empresarios y particulares a cambio de modificar a la baja sus declaraciones fiscales por concepto de importación. Según las autoridades, el presidente y la exvicepresidenta serían los líderes de la trama, conocida como la Línea’, en alusión al número telefónico al que los evasores llamaban para consumar el fraude. Ambos se habrían embolsado al menos 230.000 euros, aunque la Fiscalía no ha culminado el análisis de toda la documentación del expediente, que incluye casi 90.000 escuchas telefónicas y miles de documentos.
Pérez Molina ha perdido también el apoyo de la patronal guatemalteca, el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que exige su dimisión inmediata, tal como lo ha hecho el arzobispo de la archidiócesis de Guatemala, Oscar Julio Vian Morales. El presidente, sin embargo, rechazó la posibilidad de abandonar el cargo y asimismo negó estar vinculado al caso, aunque dijo estar dispuesto a afrontar la justicia.