Empresarios e independencia
La declaración de El Far, impulsada a partir del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, recibió una adhesión casi unánime del empresariado catalán hace un año y medio. En aquel momento aún había una cierta confusión entre independencia y derecho a decidir.
Por eso sorprende que la Fundació FemCat y otros actores hayan tratado de recabar un año y medio después de la reunión de Llafranc la adhesión empresarial al proyecto independentista –disfrazado de nuevo en la declaración de El Far, por el derecho a decidir– en una sesión celebrada en La Pedrera y presentada luego como de adhesión del empresariado catalán al proceso.
La etapa en que derecho a decidir y el deseo de independencia parecían compatibles ha pasado a la historia y la propia rectificación del presidente de las pequeñas y medianas empresas respecto a lo que él interpretaba iba a ser y lo que fue la reunión de La Pedrera lo evidencian con claridad. El hecho de que los presidentes de Foment y de la Cambra de Comerç de Barcelona no participaran en la reunión dejó la representación empresarial en manos de entidades de nivel representativo menor. Por ello pretender que la reunión de La Pedrera fue manifestación de que el empresariado catalán está por la independencia implica mala fe.
En los últimos meses, líderes europeos de relieve se han manifestado en contra de una posible independencia de Catalunya y los dirigentes de las instituciones europeas han dejado bien sentado que –aunque no haya ningún artículo de los tratados europeos que lo diga explícitamente– una Catalunya separada del resto de España dejaría de pertenecer a la UE y perdería el paraguas del Banco Central Europeo si se pretendía seguir con el euro.
No creo que pueda decirse que se hace el “discurso del miedo” si se recuerda que el
propio president Mas y varios de sus consellers han dicho que Catalunya no puede permitirse quedar al margen de Europa como llegaba a reconocer, como posibilidad, el dictamen del Consell Assessor per a la Transició Nacional.
Significados empresarios catalanes y los presidentes –por cierto, catalanes– de la CEOE y de la Cámara da Comercio de España, así como Foment y la Cambra han dejado bien claro que no puede iniciarse el proceso independentista sin aclararse muy bien los elevados costes económicos que ello comportaría para la población catalana.
La independencia de Catalunya puede ser un deseo y hasta una moda pero no atribuyamos a la totalidad del empresariado catalán un independentismo que no es compartido más que por una parte muy determinada del mismo.
La independencia puede ser un deseo que no se puede atribuir a la totalidad del empresariado catalán