Negocio detrás de la ley
La nueva ley que baja la edad penal a 16 años agrava la crisis de abusos en la controvertida penitenciaría brasileña
Los familiares de muchos presos de Brasil sospechan que detrás de la reducción de la edad penal a 16 años está el interés económico de las empresas privadas que gestionan las cárceles del país.
No era fácil asustar a las estoicas mujeres, la mayoría afrobrasileñas, que esperaban en una parada de autobús delante de la cárcel de Pedrinhas, tras visitar a sus hijos presos.
El hacinamiento de los 2.500 internos, en una prisión con capacidad para 1.600, se comentó sin drama. “Son trece en la celda de Jonás... normal”, dijo Sandra, cuyo hijo de 19 años inicia lo que puede ser un año de espera al juicio, acusado de robar un teléfono móvil.
Las mujeres no se alteraron al hablar de una rutina diaria: muchos presos solamente salen de sus celdas durante hora y media, pese al calor húmedo del estado tropical de Maranhão. Lo confirman los grupos de derechos humanos que han entrado este mes en la cárcel.
Las respuestas subieron más de tono cuando se abordó el tema de la comida traída desde São Luis, a veinte kilometros de distancia, en camiones sin refrigeración. “La he visto; la carne está podrida; el pollo es de color granate”, explicaba Cleusa Maria da Costa, cuyo hijo de 29 años ha sido sentenciado a seis años en Pedrinhas por robo.
Nadie quería hablar de la violencia de los carceleros, vigilantes que son empleados de empresas privadas denunciadas por los grupos de derechos humanos por presuntos delitos de tortura.
Las tristezas del amor carcelario se contaron con cara de resignación. “Me casé porque no te dejan visitarles si sólo eres una namorada (novia)”, explicaba la joven mujer de Jonás. Se casaron hace dos semanas en Pedrinhas. Lo explica mientras pasa, en un desfile de mujeres jóvenes que cruzan para reunirse con las madres de los presos.
Hasta las historias personales más trágicas se contaban con serenidad en la parada de autobús. “Tengo cuatro hijos; uno está en la cárcel por robo; otro acaba de salir, y otro vive conmigo en una casa que hemos construido en el pantanal”, dijo Maria José Masad, de 55 años. ¿Y el cuarto? “Fue asesinado sin motivo ni razón”, añade.
El único asunto que provocó llantos y lágrimas para esas mujeres curtidas en la desgracia y en el arte de la supervivencia fueron los amotinamientos del 2013 que convirtieron Pedrinhas en el sím- bolo mundial de la barbarie, objeto de cientos de reportajes morbosos y una investigación del Tribunal de Derechos Humanos interamericano. “Tengo miedo a que vuelvan las rebeliones; vi las imágenes; los pedazos de cuerpos, las piernas, las cabezas”, dijo Sandra, de 38 años. Hasta 65 presos murieron en ese amotinamiento, en una orgia de violencia atroz. Algunos fueron descuartizados vivos, y las imágenes fueron grabadas por telefono móvil.
Brasil ya tiene la cuarta población penitenciaria más grande del mundo –solamente por detrás de EE.UU, China y Rusia–, después del aumento explosivo que se ha registrado en las últimas dos décadas.
El número de presos se ha cuadruplicado hasta llegar a los 615.000 y ha rebasado en un 50% la capacidad física de las cárceles. Según datos publicados la semana pasada, falta espacio para unos 354.000 presos.
Los presos brasileños ya son cada vez más jóvenes, el 54,8% de edades comprendidas entre 18 años y 29 años, la mayoría detenidos por robo o tráfico de drogas o delitos aún menores. El 61% son negros. Muchos encarcelados, como probablemente ocurrirá con Jonás, pasarán más tiempo en la cárcel antes de ser juzgados que la pena que les caiga.
Esta sobrepoblación carcelaria es un factor crítico en las atrocidades de Pedrinhas y la violencia carcelaria en general, aseguran los grupo de defensa de derechos de los presos. “La crisis ha sido provocada principalmente por hacinamiento y peleas entre ban- das rivales de presos”, se afirma en un informe del Consejo Nacional de Justicia.
Dado todo esto, cualquiera preguntaría cómo se les ocurrió a los diputados del Congreso en Brasilia aprobar la semana pasada una nueva ley que bajará la edad penal desde 18 a 16 años. Puede ser una medida populista de la nueva derecha brasileña para contentar a una opinión publica que pide mano dura para los delincuentes adolescentes.
Pero quizás haya otros intereses. En la parada de autobús delante de Pedrinhas, las mujeres no lo dudan. “Están deteniendo a jóvenes que no han hecho cosas graves; esto es un depósito de gente”, dice Cleusa Maria da Costa. “Son muchos presos y yo pienso que ganan mucho dinero con ellos”, añade.
¿Pero, exactamente, quién, gana el dinero?
“Pues, empresas como Civiliza (sic) y Atlantica, que se han he- cho con los contratos de seguridad y vigilancia dentro de Pedrinhas y otras cárceles”, dicen. Cuantos más presos, más posibilidades de negocio para empresas como estas. “Son empresas externalizadas que facturan millones de reales y contratan mano de obra mal pagada y mal formada”, explica Joisiane Gamba, de la Sociedad Maranhense de Derechos Humanos.
Por eso, quizá no sea casualidad que Atlantica, cuyos guardias armados llevan máscaras ninja para no ser reconocidos, sea propiedad de la mujer de la exgobernadora del estado de Maranhão, Roseana Sarney. Roseana es hija de José Sarney, el que fuera presidente de Brasil entre 1985 y 1990, el pez más gordo de la elite de Maranhão.
Los Sarney son del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –conocido en Brasil como el partido de alquiler–, uno de los principales impulsores de la ley que baja la edad penal.
Hay otro detalle que también se cuenta en los viejos autobuses que van y vienen desde los barrios pobres de São Luis a la cárcel de Pedrinhas. Roseana Sarney está siendo investigada por corrupción en el caso Lava Jato (el escándalo de una red de sobornos que salpica a un gran número de personas) y que finalmente se acerca a la clase política. “Están llegando a la cárcel unos cuantos de cuello blanco”, dice Sandra, indicando un edifico de la cárcel enfrente del de su hijo. ¿Y tienen el mismo trato?, preguntamos. La respuesta en esta ocasión no es un llanto, sino una carcajada.
SÍMBOLO DE LA BARBARIE El salvaje motín del 2013 dejó 65 internos muertos, algunos descuartizados vivos
MÁXIMAS RESTRICCIONES “Me casé hace dos semanas porque no te dejan visitar a los presos si sólo eres la novia” UN PROBLEMA CRECIENTE En veinte años Brasil ha pasado a tener la cuarta población penitenciaria más grande del mundo
INTERES ES ECONÓMICOS Las empresas privadas que dirigen las prisiones se benefician al aumentar los presos