Avalancha de nuevas tasas

La administración catalana ha tenido una fértil imaginación para proponer nuevos impuestos que gravan actividades diferentes como las grandes superficies, los depósitos bancarios, el despliegue del ADSL, los pisos vacíos, las emisiones de aviones, o las pernoctaciones de los turistas, con resultado desigual. Mientras algunos como la tasa turística funcionan, otros han sido paralizados por los tribunales (el de las telecomunicaciones), fagocitados por la acción del Estado (el de los depósitos bancarios, en el que el Ejecutivo creó uno propio a un tipo del 0%), o están aún en pleitos (el de grandes superficies ahora cuestionado por la Comisión Europea). “Se crea una sensación de inseguridad ante una administración que se dedica a inventar nuevos impuestos y parece que no pare nunca”, señala Valentí Pich. Y, de nuevo, “la recaudación es mínima y sólo crean problemas judiciales a la administración y a los contribuyente, y una mala imagen de ser un territorio con unas tasas e impuestos agobiantes”, asegura. Según el Consejo General de Economistas, “habría que analizar el gasto que supone la litigiosidad con esos tributos propios –gasto de personal de técnicos autonómicos, jueces, personal de apoyo, etcétera.– y el resultado recaudatorio.” A su juicio, “debería ser obligatorio antes de crear un impuesto realizar un análisis coste-beneficio, porque en muchos casos los costes derivados de crear el impuesto superan la recaudación obtenida”.