España ante la crisis migratoria
El Gobierno español ha aprobado 13 millones de euros para acoger a los 2.749 primeros asilados que le asignó la UE en el mes de julio y tiene previsto consignar otros 200 millones para la acogida del resto de refugiados, en un total de más de 15.000, que ha planeado Bruselas para hacer frente a la crisis migratoria de ciudadanos, básicamente de Oriente Medio, que huyen de la guerra y de la persecución religiosa. La conmoción social provocada por la masiva oleada de migrantes, la falta de respuesta inmediata de los gobiernos europeos y la insolidaridad manifiesta de algunos de ellos, así como las imágenes que golpeaban las conciencias, obligaron a los gobernantes europeos a tomar decisiones, encabezados por Angela Merkel. Acto seguido, Barcelona se sumó al movimiento solidario, encabezando una red de ciudades refugio cuyo desarrollo está por concretar.
Ahora hay prisa por poner en marcha las medidas de acogida de refugiados y el Ejecutivo español no ha dudado en tomar la iniciativa y disipar de raíz y de inmediato el nubarrón surgido en sus propias filas por la posible presencia de terroristas entre los asilados. La contundente respuesta de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a las alertas lanzadas por Interior y por un vicesecretario del PP sobre la posible existencia de yihadistas entre los migrantes indica el grado de determinación del Gobierno, que ha puesto en marcha la maquinaria para coordinar los esfuerzos de autonomías, municipios y oenegés, con el objetivo de que los planes diseñados sean eficaces tanto en la acogida como en la integración del contingente asignado.
Por fortuna, la experiencia española y catalana en este tipo de cuestiones es larga y, tanto las administraciones como las organizaciones humanitarias conocen de pri- mera mano los problemas que presenta el fenómeno y la forma más eficiente de superarlos. Es cierto que en el pasado no se ha actuado con la diligencia necesaria o con prejuicios paralizantes, pero incluso esa realidad debe servir como ejemplo para no caer en los mismos errores. Se trata en definitiva de que cuando los refugiados lleguen a España encuentren un sistema de ayudas que facilite su acogida y después, si quieren, su integración, a pesar de los coletazos de la crisis económica que no termina de disiparse. Y a sabiendas, además, que ese primer contingente de más de 15.000 personas no será probablemente el último. Pero conscientes también de que para Europa la inmigración es también una solución de futuro ante la persistente crisis demográfica que la aqueja. Alemania ha sido, también en esta vertiente del fenómeno, la primera en hacer pedagogía entre sus ciudadanos, que mayoritariamente están dando una ejemplar bienvenida a los refugiados.
Esa voluntad diligente tropieza ahora con las dificultades que otros países, como Italia y Grecia, que son las más directamente afectadas por esa crisis migratoria, tienen para gestionar normativamente el asilo político de los refugiados. Por supuesto que no es una cuestión fácil de resolver y la UE debería arbitrar ayudas urgentes para agilizar esos trámites con la diligencia y tino necesarios. Y también debe tratar de derribar las barreras que algunos países comunitarios siguen construyendo, material o virtualmente, de forma tan insolidaria como miope. Europa tiene ante sí la posibilidad de reencontrar sus esencias con la crisis migratoria y Alemania se ha erigido, como en otros aspectos, en líder del movimiento. España, tras algunas dudas y contradicciones como Francia y otros países, ha decidido seguir el ejemplo.