La Vanguardia

Alarma violeta

- Pilar Rahola

Julia Otero lo trató en El gabinete en Onda Cero, y reconozco que no podía creer los datos. Pero eran ciertos y son tan alarmantes que es necesario repetirlos: la mitad de las órdenes de protección para mujeres maltratada­s son denegadas por los jueces. Los datos empeoran en Madrid y Catalunya, con un 55% y un 63% respectiva­mente. Lo peor es la comparativ­a con los años anteriores y para muestra esta demoledora precisión: en el año 2007 los jueces catalanes denegaron el 33,9% de las órdenes de protección, y en el 2014, el 65,3%. Es decir, en solo siete años se ha doblado el volumen de denegacion­es, a pesar de que la violencia de genero no ha remitido. A excepción de algunas comunidade­s como La Rioja o Murcia, donde se estiman la mayoría de las peticiones, en el resto el indicador es negativo, y va a peor año tras año. Así lo muestra, por desgracia, la memoria del CGPJ del 2013, donde constan 32.831 peticiones de medidas de protección, de las cuales 13.482 fueron denegadas. Con un añadido sorprenden­te: los juzgados específico­s de violencia de género son los que más rechazan la

¿Qué pasa en los juzgados catalanes que deniegan el 63% de las peticiones de protección al maltrato?

petición de protección.

¿Qué ocurre? Y más específica­mente, ¿qué ocurre en Catalunya, donde existe una sensibilid­ad aguda tanto política como ciudadana muy distinta a la realidad de les denegacion­es? Todas las miradas se dirigen inevitable­mente hacia los jueces y, como cabe concluir, la culpa estaría en una creciente “atmósfera” judicial sensible a las denuncias falsas y, por ende, favorables a situar a la mujer denunciant­e bajo sospecha. No cabe otra conclusión, dado que la estadístic­a es muy rotunda.

Si esa es la tesitura, la alarma está justificad­a. Por supuesto, hay que luchar contra la lacra de las denuncias falsas, cuya maldad hace daño a todas las mujeres maltratada­s. Pero hay una gran diferencia entre castigar a las mujeres que usan un drama violento para sus intereses personales y dejar sin amparo a las mujeres que son violentada­s. Las medidas de protección son tan importante­s en situacione­s de riesgo que pueden significar la vida o la muerte. Y resulta inimaginab­le el calvario que debe sufrir una mujer maltratada que, después de vencer los miedos y las heridas, decide llegar hasta un juez, pedir protección y ver como se la deniegan. Es del todo impensable que el 63% de las mujeres catalanas que han pedido esas medidas sean falsificad­oras que se inventan su tragedia. Siento decirlo con esa rotundidad, pero no lo creo. Y si mi percepción es correcta, la pregunta es pertinente: ¿que está pasando en los juzgados catalanes que tramitan esas peticiones?

¿Qué mentalidad se está instalando? ¿Han dejado de considerar la violencia de género como una lacra terrible y han virado hacia su victimizac­ión? Habrán de responder a esas preguntas, porque da vergüenza que sean los jueces catalanes los que están a la cola en protección contra el maltrato. Vergüenza y alarma.

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