Carmena va a la guerra contra las firmas de servicios por su deficiente trabajo
La alcaldesa de Madrid está preparando a conciencia la que puede ser su batalla decisiva en la guerra contra las grandes firmas que copan los contratos integrales de servicios bajo condiciones leoninas para el Ayuntamiento, con resultados a todas luces insuficientes. A Manuela Carmena, como a todos los madrileños con vista y olfato, le preocupa en especial el lamentable desempeño de las empresas que se ocupan de la limpieza y el mantenimiento de parques y jardines.
“Madrid está sucísima”, lamentó Carmena en vísperas de sus cien días al timón de la complicada nave capitalina. Aseguró la regidora que su móvil está ya sobrecargado de tanta foto que hace a las basuras acumuladas aquí y allá para mostrarlas a quien procede en el Consistorio y de paso hacer acopio de munición con vistas a una de las reuniones que la semana próxima celebrará con las “cúspides” de las prestatarias de servicios, entre ellas Ferrovial, FCC, Sacyr y filiales.
La anterior alcaldesa, Ana Botella, suscribió con dichas compañías jugosas adjudicaciones que atan al Ayuntamiento hasta el año 2021. O lo atan en principio, pues en el caso de la limpieza las condiciones pueden plantear dudas de legalidad, según admitió Carmena ayer aunque sin querer descubrir las “cartas de negociación” que tiene previsto plantar en la mesa de negociación ante los empresarios.
El contrato de basuras prevé por ejemplo –explicó Carmena– que sólo las calles principales se limpien a diario, mientras el resto únicamente deban adecentarse “cuando conviene”. A lo que se suma el hecho de que las patronales hayan aplicado durísimos expedientes de regulación de empleo que han dejado a las plantillas bajo mínimos.
Además de la suciedad, una consecuencia especialmente sangrante de la falta de personal en las empresas a las que se pagan millones de euros por mantener las dotaciones urbanas es la constante caída de árboles descuidados o enfermos. La concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha exigido a las adjudicatarias de este y otros servicios de su área la readmisión de los más de 700 trabajadores enviados a casa, so pena de “buscar otras alternativas”.
El argumento central de negociación, antes de posibles denuncias ante los tribunales para anular las adjudicaciones, reside en la plena facultad del Ayuntamiento para establecer cuáles son las garantías mínimas de los servicios, pues no es tolerable que la negligencia de una empresa encargada de cuidar los parques pueda costar la vida a quien descansa o juega bajo uno de sus árboles, como de hecho ocurrió en el Retiro el año pasado.