La investigación del patrimonio de Rato sale de la Audiencia
El juez deja en manos de la justicia ordinaria el caso por delito fiscal
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado del caso Bankia, acordó ayer devolver a los juzgados ordinarios de Madrid la causa iniciada contra el exvicepresidente del Gobierno por supuestos delitos fiscales y de corrupción en la gestión de su patrimonio. En esencia, el magistrado utiliza para inhibirse tres argumentos. Primero, que los supuestos delitos se cometieron en territorio español, en Madrid, no en el extranjero. Segundo, que las actividades ilícitas imputadas a Rato no causaron un gran perjuicio a la economía del país, que sería otro motivo por el que el asunto habría podido permanecer en la Audiencia. Tercero, que no se aprecia relación entre la crisis de Bankia y los supuestamente ilícitos manejos de Rato con su patrimonio.
La sospecha siempre ha sido que Rato trató de manejar sus bienes para ocul-
JOSÉ MARÍA BRUNET La decisión implica no mezclar todos los sumarios y aleja la perspectiva de un macroproceso
tarlos y librarse de posibles responsabilidades millonarias por el supuesto fraude de la salida a bolsa de Bankia. El hecho de que ahora el juez que investiga el naufragio de esta entidad considere que la conducta de Rato con su patrimonio debe separarse de aquel primer proceso se traduce en que no se mezclan todos los sumarios y se aleja la perspectiva de un macroproceso con tres patas.
Son tres, en efecto, porque sigue también en manos del juez Andreu el asunto de las tarjetas “black”. Rato, en suma, continúa llevando a cuestas su particular “triplete” de cargas procesales. Pero en la Audiencia permanecen dos, el de Bankia y el de las tarjetas opacas. Y para la justicia ordinaria se queda la investigación del caso que estalló en abril pasado cuando los agentes de Aduanas registraron el domicilio y el despacho de Rato.
Este desglose de las causas contra Rato es, por otra parte, el que quería la Fiscalía, aunque con un matiz. Anticorrupción habría preferido que la investigación sobre la gestión del patrimonio de Rato siguiera en la Audiencia Nacional, pero separada de las otras dos, precisa- mente para evitar un macroproceso, lo que siempre alarga las investigaciones, porque las actuaciones se complican y ramifican. Por tanto, la Fiscalía ha conseguido sólo parcialmente sus objetivos. Anticorrupción logra evitar la macrocausa, pero los supuestos delitos de Rato con su patrimonio salen de la Audiencia.
Aún cabría un nuevo giro si el juez ordinario que primero intervino, Antonio Serrano-Artal, no cree que el asunto le corresponda y plantea un conflicto que debería ser resuelto por el Tribunal Supremo. En todo caso, Andreu destaca que las actividades de las dos empresas que Rato habría utilizado para blanque- ar fondos “se desarrollaron en España”, en referencia a los pagos de 474.416,64 y 360.608 euros en los años 2011 y 2012 que la mercantil Albisa (supuesta sociedad pantalla del intermediario Alberto Portuondo) realizó a Krandonara, empresa controlada por una mercantil radicada en Gibraltar (Vivaway) propiedad del expresidente de Bankia. Estos pagos se corresponderían con comisiones pagadas por dos proveedores de Bankia (Publicis y Zenith Media). Estas empresas facturaron a la entidad 27,5 y 20,3 millones de euros en los años 2011 y 2012 por campañas publicitarias sobre Bankia.