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El fraude perpetrado por la automovilística alemana Volkswagen, y los nuevos pasos dados en Colombia en su camino hacia la deseada paz.
EL hecho de que una marca de prestigio tan reconocido como la alemana Volkswagen haya cometido una irregularidad grave, como es haber trucado los motores diésel de millones de sus vehículos para vulnerar los controles medioambientales, de entrada causa una profunda decepción, al margen de la consiguiente indignación.
Cuesta largos años, e incluso generaciones, crear una marca tan sólida como la de Volkswagen, asociada indisolublemente a la imagen de calidad, seriedad y fiabilidad de los productos made in Germany. Pero cuando se hacen las cosas mal, y además se engaña a las autoridades y a los consumidores, se corre el riesgo de perder en poco tiempo todo ese caudal de cualidades acumuladas.
El diseño de un dispositivo informático pensado exclusivamente para reducir las emisiones contaminantes de un motor diésel –el EA189– cuando es sometido a controles medioambientales no cabe atribuirlo a un error, ya que la intención de engañar a autoridades y consumidores se presupone manifiesta, además de masiva, ya que ese motor se ha instalado en más de once millones de automóviles de todas las marcas de la multinacional. El dinero que se pretendía ahorrar con ese fraude, al fabricar motores con menores exigencias técnicas de las exigidas, lo pagará Volkswagen con creces con las multas que le impondrán los gobiernos de diversos países, en primer lugar Estados Unidos, que es donde se ha descubierto el fraude; con las indemnizaciones que deberá abonar a los millones de consumidores; con el coste que supondrá la reparación de los millones de vehículos trucados y con la caída de ventas que le puede suponer una colosal pérdida de prestigio en todo el mundo. No es extraño que las acciones de la multinacional se hayan desplomado estos días en bolsa, ya que las pérdidas serán millonarias. Afortunadamente, al margen del engaño medioambiental, todos los vehículos de Volkswagen son seguros y aptos para la circulación.
La severidad de las sanciones gubernamentales a Volkswagen, a partir de las investigaciones puestas en marcha en numerosos países, se presupone elevada porque los efectos del fraude van más allá de los propios automóviles afectados. Lo sucedido, en este sentido, cuestiona los sistemas de control de las emisiones contaminantes de los vehículos, que constituyen uno de los principales factores de riesgo en la lucha contra el cambio climático. Ello abrirá un debate que presumiblemente afectará al conjunto de la industria automovilística.
Hace bien Volkswagen en entonar públicamente el mea culpa y anunciar investigaciones internas, así como afrontar una renovación de su dirección, empezando por su presidente. Lo debe hacer para asumir sus responsabilidades por el fraude cometido, pero, igualmente, para evitar que algo similar vuelva a suceder en favor de sus millones de clientes de todo el mundo y del equilibrio medioambiental. Es evidente, sin embargo, que deberá hacer grandes esfuerzos para volver a recuperar la credibilidad y el prestigio.
Más allá de Volkswagen, el caso ha puesto de manifiesto las serias deficiencias de los sistemas de control. Entre los resultados del laboratorio y lo que ocurre en la carretera existen enormes diferencias, conocidas por empresas y reguladores. Se trata de establecer nuevos mecanismos para evitar la repetición de estos episodios o de otros peores.