Volkswagen fue advertida en 2011 de la existencia del software sospechoso
El fabricante del programa, Bosch, alertó de su posible uso ilegal
Miembros de la dirección del grupo automovilístico Volkswagen y una empresa proveedora del grupo supieron en 2011 de la existencia del software que falseaba los datos de emisión de gases tóxicos, según coincidieron ayer al menos dos periódicos alemanes, Bild am Sonntag y Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. La investigación interna de la compañía se centrará en determinar hasta dónde en la cadena de mando se conocían los hechos, y al mismo tiempo, desde cuándo tenían esa información.
Según el Frankfurter Allgemeine, que cita una fuente de la junta de supervisión de Volkswagen, publicaba que el consejo recibió un informe interno en su reunión del viernes que muestra que técnicos de la compañía habían advertido en 2011 sobre las prácticas ilegales relacionadas con las emisiones. En la reunión mantenida el viernes no se dio ninguna explicación sobre por qué no se había abordado el asunto por aquel entonces. Bild am Sonntag publicaba por su parte que el fabricante proveedor Bosch remitió una carta en el 2007 en el que advertía contra el posible uso ilegal de la tecnología de software que les había suministrado. El periódico no citó ninguna fuente en su información.
Volkswagen no quiso comentar los detalles de ambas informaciones. “Hay una investigación seria en marcha y el foco está ahora también en las soluciones técnicas, para clientes y distribuidores”, indicó un portavoz de la automovilística. “Tan pronto como tengamos hechos fiables podremos dar respuestas”, agregó. Un portavoz del grupo Bosch, por su parte, añadió que los negocios que mantiene con Volkswagen son de carácter confidencial.
El nuevo presidente del grupo Volkswagen, Matthias Müller, ha asegurado en una carta a sus cerca de 600.000 empleados en todo el mundo que aclarará completamente lo sucedido. En el texto, que insertaba ayer en su edición digital el diario económico alemán Handelsblatt, Müller promete además trabajar para recuperar la confianza de clientes, socios, inversores y el conjunto de la opinión pública tras el escándalo descubierto. “Estamos aclarando sin descanso” lo sucedido, asegura en la carta, y reconoce que la situación es complicada: “Nuestra empresa se encuentra ante un reto nunca visto”. Müller añadió que planea mejorar los estándares de calidad y de gobierno de la compañía. El grupo había anunciado el sábado que prevé reparar en breve y de forma gratuita la manipulación en todos los vehículos afectados.
Expertos consultados por la agencia AP en Washington han indicado que Volkswagen se enfrenta a significantes problemas legales en los Estados Unidos, entre los que se incluyen potenciales cargos criminales, una vez que ha admitido que once millones de vehículos diesel incorporaban el software que falseaba los datos de emisión. “Si hay suficientes evidencias que muestran que Volkswagen programó de manera intencionada que sus vehículos superaran los controles, tanto la compañía como los ejecutivos implicados podrían afrontar cargos criminales por conspiración, fraude y falso testimonio según la Clean Air Act”, contaba ayer David M. Uhlmann, antiguo jefe de la sección de Crímenes al Medio Ambiente del departamento de Justicia. “Casi seguro”, concluía.
Otra cosa, añadía Uhlmann, es que será muy complejo procesarlos en la medida en que los hechos tuvieron lugar en otro país. Estados Unidos mantiene un tratado de extradición con Alemania, pero la investigación abierta por las autoridades europeas puede pasar por delante de las pesquisas de la justicia estadounidense.
La Clean Air Act permite multas con hasta 37.500 dólares por cada uno de los 482.000 vehículos sospechosos vendidos en los Estados Unidos. Sólo eso sumaría
Müller promete en una carta remitida a los empleados que aclararán todo lo sucedido
18.000 millones de dólares. La fiscalías de 30 estados de la Unión y del distrito de Columbia han anunciado que coordinarán sus investigaciones. A ello cabe sumar la presentación de demandas por parte de propietarios de los vehículos afectados.
Los expertos judiciales esta-
dounidenses miran con escepticismo las investigaciones que pueda llevar a cabo la Comisión Europea. Para ellos, la administración comunitaria y de los distintos países tenía indicios de que algo no iba bien: pese al aumento en la venta de diésel, la contaminación iba en aumento. Eso, y la estrecha relación entre la industria automovilística y el Gobierno alemán, es visto ahora con recelo.
Bild también informó ayer de que Martin Winterkorn, que renunció esta semana al cargo de presidente ejecutivo de Volkswagen, está exigiendo el pago de su salario por el tiempo que dura su contrato, que se extiende hasta finales del próximo año, pero la compañía no lo acepta. Winterkorn recibió una remuneración de 16 millones de euros el año pasado, la más alta de los presidentes ejecutivos entre las grandes compañías alemanas.