Lo que de verdad interesa a la gente

Como se demostró anteayer en toda Catalunya, la ciudadanía tiene ganas de urnas. Tantas que, en algunos municipios, con las elecciones autonómicas no tenían bastante y decidieron aprovechar la jornada para votar otras cuestiones. ¿La respuesta fue igual de fervorosa? No. Analicemos el caso de Bàscara, población del Alt Empordà famosa no sólo por el belén viviente que montan cada año antes de Navidad sino por celebrar, el domingo antes del de Ramos, un Mercat dels Tortells: de mazapán, con crema, con fruta, con piñones.

En las últimas elecciones municipales ganó la coalición formada por Esquerra Republicana y Acord Municipal, que consiguió echar a CiU, que había gobernado el municipio durante los últimos treinta y dos años. Una de sus promesas electorales fue someter a votación el sueldo que tiene que cobrar el nuevo alcalde, Narcís Saurina. Las posibilidades eran dos. O bien el sueldo mínimo interprofesional (9.080,40 euros al año) o bien el que recomienda la Associació Catalana de Municipis para poblaciones de entre

El domingo, en algunos municipios no se celebraron sólo las elecciones autonómicas

quinientos y mil habitantes (18.160 euros al año). Como la ley de Consultas que había aprobado el Parlament el año pasado fue recurrida por el Gobierno español y el Tribunal Constitucional se apresuró a admitir el recurso a trámite, la ley quedó suspendida y, en consecuencia, el Ayuntamiento no podía convocarla. Por eso la organizó una asociación llamada La Resclosa que, por ese mismo recurso del Gobierno español, no pudo celebrarla en el Ayuntamiento, porque es donde estaba el colegio electoral en el que se votaban las autonómicas. Por este motivo –y para no complicar la vida a la gente– pusieron una mesa en la plaza Major, frente al Ayuntamiento. Podían votar todos los habitantes mayores de dieciocho años y el horario fue también de las nueve de la mañana a las ocho de la noche.

¿Por qué deciden por votación el sueldo del alcalde? Pues porque consideran que el Ayuntamiento es una empresa que está al servicio de los ciudadanos y, por lo tanto, son estos los que tienen que decidir qué tiene que cobrar exactamente. No parece mala idea, sobre todo desde el punto de vista promocional. A mucha gente le emociona que los funcionarios públicos sometan sus sueldos a las decisiones del pueblo. La lástima es que –según leo en una nota de la Agència Catalana de Notícies–, a la hora de la verdad, no se llegó al tanto por ciento de votantes necesario para considerar vinculante el resultado: el 50%. Si tenemos en cuenta que en las elecciones autonómicas que se celebraban en el Ayuntamiento, justo delante de esa urna de la plaza Major, votó en cambio un 84,6% de la población, queda claro que la gente quiere votar cuando algo le interesa de verdad, y cuando no le interesa o ya le va bien cómo están las cosas, pasa bastante y se va directamente a tomar el vermut.