Citados pocos días antes de constituir el Parlament
El president está convocado para el 15 de octubre
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, declarará como imputado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por la consulta del 9-N el próximo 15 de octubre. Dos días antes, el 13, tendrán que hacerlo la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera d’Educació, Irene Rigau. Así consta en una providencia del tribunal, hecha pública ayer, y firmada por el magistrado que instruye la querella, Joan Manel Abril.
La providencia es escueta y no aporta argumentos sobre las comparecencias. Únicamente se comunica que para seguir “la presente instrucción” se cita a Irene Rigau a las diez de la mañana del 13 de octubre, a Joana Ortega a las cuatro de la tarde del mismo día y a Artur Mas a las diez de la mañana del 15. Para referirse a ellos se emplea el término “querellados”, que equivale a imputados, pues significa que deben acudir en compañía de sus abogados y pueden acogerse al derecho que tienen como tales de no responder a las preguntas.
Las fechas de las declaraciones sitúan las comparecencias poco antes de que se convoque al nuevo Parlament, que debe ser en el arco que va del 19 al 26 de octubre; y, en el caso de Mas, con una coincidencia mucho más llamativa: el día en que se cumple el 75.º aniversario del fusilamiento del president Lluís Companys. Habitualmente, en esa jornada hay un acto conmemorativo al que siempre ha acudido el president de la Generalitat.
En principio, se da por hecho que el trámite se cumplirá en el Palacio de Justicia, precisamente por ser imputados y no testigos. En el caso de Ortega y Rigau hay pocas dudas. En la ley consta que los imputados deben declarar en sede judicial a no ser por razones de fuerza mayor, como enfermedad o seguridad. Pero fuentes jurídicas no descartan que Mas puede tener la prerrogativa, como president, de ser interrogado en su despacho. De hecho, hay un precedente. El 2 de octubre de 1984, el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, declaró por estar incluido como uno de los acusados en la querella del caso Banca Catalana, y la comparecencia se celebró en su residencia oficial, la Casa dels Canonges. Hasta allí se desplazaron el juez instructor, Ignacio de Lecea, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, y los letrados de la defensa, Joan Piqué Vidal y Joan Córdoba. Jordi Pujol respondió a las preguntas durante una hora y 45 minutos.
Mas, Ortega y Rigau están acusados por la Fiscalía del presunto delito de desobediencia por no acatar los dictámenes del Tribunal Constitucional sobre la pertinencia de la consulta popular. Se acusa al president de haberse
COINCIDENCIA Mas declarará el día del 75.º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys
SOLICITUD DE COMPARECER
Los acusados pidieron declarar cuanto antes durante la campaña electoral
“negado abiertamente a dar cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución”. En el texto que en su día presentó el Ministerio Público también se señalaba que, derivados precisamente de ese delito de desobediencia, podía haberse incurrido en otros, como malversación de caudales públicos, prevaricación y usurpación de funciones.
En cualquier caso, la tramitación de esta querella no brilla
por su velocidad. Cabe recordar que la primera acción judicial la planteó Manos Limpias días después de la jornada del 9-N. La postura de la Fiscalía fue polémica: los fiscales del TSJC se reunieron y se mostraron contrarios a querellarse, y ello provocó una crisis con la Fiscalía General del Estado. El conflicto fue resuelto por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, y la querella se presentó el 21. Fue aceptada por el TSJC el 8 de enero, y no por unanimidad. Y, además, los pasos dados han causado críticas y reproches, que se producían en conversaciones de pasillo tras actos públicos. Así, por ejemplo, una autoridad judicial del Estado lamentó la lentitud del proceso. Y un político catalán afeó a un magistrado del TSJC que hubiera votado a favor de que se abriera la causa contra Mas, Ortega y Rigau.
La llegada de documentación sobre el 9-N al TSJC ha sido parsimoniosa: la Fiscalía la solicitó en marzo, el juez la requirió en mayo y hasta la última semana de julio la Generalitat no empezó a remitirla. También el pasado mes de julio se citó ya a a los primeros testigos: dos inspectores de Ensenyament y tres directores de instituto. Una comparecencia quedó pendiente. El 16 de septiembre, ya en campaña electoral, las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron que esta persona no declarara, porque la querella “tiene un trasfondo político” y el testigo iba en la lista de Ciutadans por Barcelona. Asimismo, en este
PRERROGATIVA Mas podría declarar en su despacho por su condición de president
POLÉMICA POR LA CAUSA
escrito, solicitaba que los querellados declararan antes que los testigos. Es decir, de facto, pedían comparecer cuanto antes.
La Fiscalía no tenía ninguna prisa en que Mas, Ortega y Rigau pasaran por el tribunal. Quería disponer antes de toda la documentación y testimonios y señaló que no había problema en que testigos y querellados declararan en paralelo. Durante la campaña, existió un acuerdo tácito de no tomar decisiones para no interferir en las elecciones, pero ahora se les convoca unos días antes de la formación del nuevo Parlament, que se adivina polémica. Y, de paso, también cita para el 19 de octubre a cinco nuevos testigos.
La tramitación está siendo lenta y ha originado reproches de varios sectores