Castro, condenado a pagar 22,5 millones a Bankpime
El constructor prestó dinero del banco a sus empresas
El constructor José Antonio Castro, propietario del Grupo Inversor Hesperia, ha sido condenado a pagar 22,5 millones de euros a Ipme 2012, la sociedad heredera de lo que fue Bankpime. Ipme, que perdió su ficha bancaria tras traspasar hace años el negocio financiero a CaixaBank, está en fase de liquidación desde junio en un proceso que se sigue en el juzgado mercantil 9 de Barcelona.
La empresa no tiene dinero para pagar sus deudas, pero Trinitat Roig, su administrador concursal, pidió a la juez que llevara a cabo las acciones rescisorias que prevé la ley para deshacer operaciones que hubieran lesionado en los dos años anteriores a la declaración del concurso –y de forma ilícita– los intereses de los acreedores.
En concreto, demandó a la juez que exigiera a Ipme los 22,5 millones que la empresa, entonces controlada (59% del capital) y presidida por Castro, prestó inicialmente a Multinmueble –sociedad del mismo empresario– con un interés del 4% y que acabaron después en cuatro de sus filiales: Construcciones José Castro, Hespetel, Souca y Barcelona Park II. El dinero desapareció.
La sentencia de Bárbara Córdoba, la titular del juzgado mercantil 9 de Barcelona, es dura con Castro, al que condena al pago de los citados 22,5 millones, más las costas del proceso y los intereses legales desde que el dinero salió de Bankpime. En su argumentación, la sentencia explica que el préstamo de Bankpime a Multinmueble “se trata de un acto oneroso realizado a favor de una persona especialmente vinculada, por lo que se presume el perjuicio patrimonial” a la empresa.
En cuanto a los préstamos posteriores de Multinmueble a las empresas citadas dice que se hicieron para “desviar la tesorería a sociedades controladas por Castro” y “utilizar ese dinero en su propio beneficio e interés”. La juez aprecia mala fe en Castro y los intereses pagados por sus sociedades a Bankpime pasarán a tener la condición de “créditos subordinados” y se situarán los últimos a la hora de cobrar.
La sentencia es recurrible, pero si acaba siendo firme, será un elemento clave en la llamada pieza de calificación que se abrirá próximamente, como en toda empresa que acaba en liquidación para ver si el concurso es culpable o fortuito.