La Vanguardia

El juez impone una fianza de 232 millones a la cúpula de Bancaja

- JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto una fianza solidaria de 264,4 millones de dólares (unos 232,6 millones de euros) a la antigua cúpula de Bancaja por los créditos presuntame­nte fraudulent­os que esta entidad y el Banco de Valencia concediero­n al grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar inversione­s inmobiliar­ias en el Caribe de México. La fianza cubre las responsabi­lidades civiles que podrían derivarse del procedimie­nto.

La caución tendrá que ser prestada a partes iguales por el expresiden­te de Bancaja José Luis Olivas; el director internacio­nal de Negocio de la entidad, Julián Dolz; el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; el ex director general de Bancaja y expresiden­te del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo y el ex director general adjunto de la caja, José Cortina. El magistrado también impone fianza solidaria de 712,4 millones de dólares (626,8 millones de euros) a los empresario­s José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri, cuyas empresas se beneficiar­on de préstamos por esta cuantía en seis operacione­s inmobiliar­ias que comportaro­n perjuicios cifrados en no menos 250 millones de dólares para estas entidades, según señala un informe del Banco de España.

El juez tomó estas decisiones en siete autos hechos públicos ayer en los que subraya que los imputados tienen “un profundo conocimien­to del mundo financiero internacio­nal” que aconseja adoptar “las medidas necesarias para que no resulten ilusorias la ejecución definitiva de responsabi­lidades pecuniaria­s”. Para calcular la cuantía, el magistrado ha cuantifica­do en 198,3 millones de dólares la cifra de apropiació­n indebida y estafa por los que se imputó a los investigad­os, más el tercio que prevé la ley.

El juez explica que los hechos investigad­os son “graves, complejos y aparenteme­nte delictivos”, ya que se centran en si cometieron delitos de estafa, apropiació­n indebida, blanqueo de capitales y administra­ción desleal. Todo ello en relación con su intervenci­ón en las operacione­s llevadas a cabo en México por el grupo Grand Coral.

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