Mas se rodea del Govern y de 400 alcaldes para ir al tribunal por el 9-N
La vicepresidenta del Govern señala que las presiones sobre el TSJC “son de otros” y el ministro Catalá insiste en que la coacción es “inadecuada”
Si la presencia del Govern junto a la exvicepresidenta Ortega y a la consellera Rigau dirigiéndose a declarar ante el TSJC ya provocó revuelo, hoy Artur Mas no sólo se hará acompañar por su Ejecutivo, sino también por 400 alcaldes. Además, el president acudirá al tribunal tras rendir tributo a Lluís Companys y, después de pasar por el juzgado, hará una declaración pública.
No sólo el Govern en pleno acompañará hoy a Artur Mas hasta las puertas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en donde está citado a las 10 de la mañana para declarar como imputado por la celebración del 9-N. Lo harán también, además de los partidos soberanistas, 400 alcaldes, convocados por la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per a la Independència (AMI), que se encontrarán primero frente al Parlament y se dirigirán después en comitiva hasta el Palacio de Justicia del paseo Lluís Companys. Y en este punto volverán a concentrarse igualmente los ciudadanos que lo deseen, convocados, como el martes en apoyo de Irene Rigau y Joana Ortega, por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, además de la ACM y la AMI.
El presidente de la Generalitat, arropado por el bloque soberanista, llegará a la sede del TSJC poco antes de la hora señalada, procedente directamente de la ofrenda floral ante el monumento y la tumba de Lluís Companys, en Montjuïc –justo el día en que se cumplen 75 años de su fusilamiento–, que desde las 8.30 habrá encabezado junto a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La escenografía frente al Palacio de Justicia será similar a la del martes, pero “corregida y aumentada”, precisan fuentes del entorno del líder de CDC, que confían en una afluencia mucho mayor de personas, además de los representantes políticos e institucionales. Y una vez concluida la declaración, Artur Mas ha convocado una comparecencia informativa en la galería gótica del Palau de la Generalitat, probablemente sobre el mediodía, para valorar con solemnidad la situación.
La concentración de autoridatar des y ciudadanos delante del TSJC, precisamente, fue ayer objeto de debate, con cruce de acusaciones incluido, a raíz de la queja emitida por el propio tribunal tras las declaraciones de la consellera de Ensenyament y la exvicepresidenta del Govern. Una dura queja por la presión “inadmisible” de miembros del Govern que representa un “ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial” y que “pretende influir en sus decisiones”, que contó con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ayer, sin embargo, recibió la réplica no menos dura desde el Govern y representantes de fuerzas y entidades soberanistas, mientras el Gobierno español y el PP, en cambio, cerraban filas con el TSJC y el CGPJ.
Desde el Govern, su vicepresidenta, Neus Munté, mostró “sorpresa y desconcierto” por el males- del tribunal y aseveró no sólo que “no hay ninguna presión”, sino que, “en todo caso, las presiones son de otros y se han producido sobre el poder judicial”. Y, lejos de dar marcha atrás en la presencia frente al palacio de justicia, ratificó que “la previsión es ésta: acompañar al presidente de la Generalitat, imputado por poner las urnas el 9-N”. La misma actitud la mantuvieron las entidades soberanistas –ANC, Òmnium Cultural, AMI y ACM–, que, en un comunicado conjunto, calificaron de “inaceptable” la queja del TSJC por considerar que es un “intento de coaccionar el libre derecho de manifestación” y redoblaron la convocatoria
LA RÉPLICA... La vicepresidenta Munté subraya que, “en todo caso, las presiones son de otros”
...Y LA CONTRARRÉPLICA El ministro Catalá exige evitar una presión que cree “absolutamente inadecuada”
para hoy tanto a la ciudadanía en general como a los alcaldes en particular.
La alcaldesa de Barcelona también defendió que manifestarse ante los juzgados y en cualquier sitio “es uno de los derechos fundamentales en democracia”. E incluso desde ICV Dolors Camats sugirió que “los jueces pueden sentirse más atacados por una llamada de teléfono que por centenares o miles de personas en la calle”. En nombre del Gobierno español, por contra, los ministros de Justicia e Interior salieron en defensa de la independencia de la justicia. Rafael Catalá exigió que “se deje trabajar sin presiones” al TSJC y avisó de que “cualquier actuación que vaya en contra de esa independencia y que pretenda generar algún tipo de presión u opinión es absolutamente inadecuada”. “Cuando declaramos el respeto a la independencia hay que llevarlo a actos concretos, no basta con declaraciones generales”, remachó. Y Jorge Fernández Díaz manifestó que creía sinceramente que el contenido de las quejas del TSJC y el CGPJ “está lleno de sentido común”.