Barcelona congela gran parte de los impuestos y las tasas
Colau opta por la continuidad para allanar el camino a futuros acuerdos
El recibo del IBI del 2016 será idéntico al pagado este año. En conjunto, se mantendrá la presión fiscal, según el proyecto de ordenanzas aprobado por la comisión de gobierno del Ayuntamiento.
La compra de un edificio que se ha de derribar por sentencia judicial, el pago de salarios suspendidos en su día a trabajadores municipales, indemnizaciones dictadas por los tribunales y hasta los gastos de la jornada electoral del próximo 20 de diciembre se han incluido en el gran paquete de la modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona que, por valor de 96,3 , millones de euros, prepara el gobierno de Ada Colau. Son gastos justificados, derivados de compromisos y obligaciones de gobiernos anteriores y que no encajan en un concepto amplio de actuaciones sociales, equipamientos y mantenimiento del espacio público con los que el gobierno municipal argumenta la importante modificación presupuestaria.
La comisión municipal de Economía debatirá el próximo miércoles la propuesta del gobierno de BComú, que aprovecha el remanente de caja que quedó del 2014 y el superávit previsto para el 2015. La medida tiene como objetivo general reforzar las políticas sociales, de equipamientos y de mantenimiento del espacio público, como anunciaron el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y el gerente de Economía ,Jordi Ayala, el 16 de septiembre.
En conjunto, la primera lista, revisable, se reparte en más de cien partidas. Hay becas comedor (5,4 millones de euros), ayudas a la infancia (2), a la rehabilitación de pisos (6 millones) y al alojamiento de refugiados (10,5), renovación de pavimentos y mejoras urbanísticas en la vía pública (1), medidas de empleo (10,5, para Barcelona Activa) y un gran paquete de adquisición de inmuebles (pisos y locales) dedicados principalmente a vivienda social y equipamientos, que supera los 28 millones de euros. También hay 30 millones de euros destinados a completar la ampliación de instalaciones del hospital del Mar. Esta última y otras partidas responden a obligaciones y compromisos contraídos por gobiernos municipales anteriores.
Los grupos de la oposición mirarán con lupa todas las partidas. De entrada, Carina Mejías (Ciu-
tadans) ya acusa al gobierno de Colau de “esconder, entre los 96 millones de euros del superávit destinados a políticas sociales, el pago de indemnizaciones millonarias a particulares, a las que el Ayuntamiento de Barcelona está obligado a hacer frente por sentencias judiciales”. La tercera fuerza política en el Ayuntamiento ha calculado que “sólo 15 millones se destinarán realmente a políticas sociales, para financiar becas comedor, comedores sociales, atención a la infancia, ayudas para libros o para la rehabilitación”.
Carina Mejías y Jaume Collboni (PSC) se han referido a la dificultad de ejecutar las medidas en tres meses y la conveniencia de que se asegure su continuidad en ejercicios posteriores. Además, el líder socialista ya ha avanzado algunas de sus propuestas: que las ayudas a los parados de larga duración cuenten con el mismo dinero que las previstas para los refugiados de guerra que han de llegar (unos 10 millones de euros) y que se dediquen entre 5 y 10 millones a la compra de establecimientos emblemáticos de la ciudad en riesgo de desaparición, siguiendo el ejemplo de París. También ERC ha hecho públicas cien propuestas para equilibrar inversiones en barrios, parte de las cuales podrían incluirse en la modificación presupuestaria.
Llaman la atención (por su importe o por su naturaleza) algunos gastos que normalmente no se consideran “sociales”. Así, el Ayuntamiento comprará por 14,8 millones de euros un edificio de pisos de la calle Dalmases (Sarrià), cuyo destino obligado es el derribo. Bimsa ya prepara el proyecto de derribo. No es un capricho, porque una sentencia judi- cial de enero del 2015 obligaba, por una parte, al derribo del edificio y, por otra, a indemnizar a los propietarios (de 15 viviendas y 34 plazas de aparcamiento) por un valor de 12,5 millones, quedando la propiedad del solar en manos de los indemnizados. Con 14,8 millones, y comprando en lugar de indemnizar, el Ayuntamiento adquiere también la finca y decidirá sobre el uso futuro de esta. La citada sentencia resolvía un largo proceso (el edificio fue construido en el año 2000) por un exceso de edificabilidad que dio lugar a la anulación de la licencia de construcción.
El proyecto de ampliación de los presupuestos incluye una partida para “imprevistos” de 3,9 millones de euros, que corresponden concretamente al pago de remuneraciones a empleados municipales. Son retribuciones correspondientes a la paga extra de Navidad que se suprimió en el 2012 y que ahora hay que empezar a devolver. La previsión municipal (a la espera de un decreto ley del Gobierno central que detalle las obligaciones) es la de abonar este año el 26,23 % de aquella paga, dejando el resto para posteriores ejercicios presupuestarios.
El Consistorio gastará más de 400.000 euros en las elecciones del 20-D
EQUIPAMIENTO SANITARIO
La ampliación del hospital del Mar se dota con 30 millones de euros
CIEN ACTUACIONES El programa incluye ayudas a personas, equipamientos y adquisición de pisos
OPOSICIÓN
Ciutadans acusa a la alcaldesa de esconder partidas que no son gasto social
Otra adquisición obligada por sentencia judicial es la de la finca del antiguo cine Pere IV en la calle Alfons el Magnànim, del distrito de Sant Martí. Son 4,9 millones de euros para un edificio que tiene muchas posibilidades de acabar siendo un equipamiento público, cumpliendo así compromisos de anteriores gobiernos con entidades vecinales. Este caso se remonta al año 2010 cuando la propiedad y el Ayuntamiento acordaron una permuta de esta finca por otra edificable situada en el entorno de la plaza de las Glòries. Cuando se había de hacer efectiva la permuta, el Ayuntamiento no hizo entrega de la finca de Glòries a la inmobiliaria PBE, alegando la imposibilidad de reconocer la edificabilidad prevista. La inmobiliaria reclamó judicialmente, y ganó, la valoración pactada en la permuta (3,5 millones de euros) además de IVA e intereses, hasta los citados 4,9 millones.
Otra sentencia judicial obliga al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 2,7 millones de euros (que podrían incrementarse por intereses si se retrasa el pago) tras un largo litigio originado en 1995. Entonces, el Ayuntamiento anuló unas licencias de obras de rehabilitación en una finca de la calle Teodor Roviralta que además fue derribada. Los gastos que supondrá para el Ayuntamiento la logística de las elecciones del 20 de diciembre también se incluyen en las partidas del cambio presupuestario. Son 455.542 euros repartidos en los gastos habituales que corresponden a los ayuntamientos en estas ocasiones: notificaciones, instrucciones, censo electoral, recogida de documentación, limpieza de urnas, personal y mobiliario en colegios y retribución a miembros de las mesas.
En el capítulo de compra de inmuebles destacan operaciones como la de la finca del paseo Joan de Borbó 44 (14 pisos y 3 locales), de la Tesorería de la Seguridad Social, que se adquirirá por 3,6 millones de euros para incrementar el parque público de vivienda. Otras operaciones permitirán adquirir locales y pisos en diferentes barrios de la ciudad. Varias de estas compras serán de inmuebles del Patronato Municipal de la Vivienda, del Incasòl y de la empresa comarcal Regesa.