La presión
Todos estamos presionados. Vivimos presionados. Los contribuyentes, por el cariñoso y persistentes abrazo de la Agencia Tributaria. El director de este diario, por los políticos, la redacción, los lectores y los anunciantes. El Gobierno, por las encuestas y la prensa. Los partidos, por sus militantes y la necesidad de arrancar votos. Los comerciantes, por los gustos del público. Los taxistas, por los caprichos de los pasajeros. Los Reyes, por la necesidad de transparencia. Y los jueces, por el entorno, por la opinión pública y por la grave responsabilidad de atribuir un delito o condenar a una persona. El que esté libre de presiones que tire la primera piedra. El mérito es saber resistirlas y mantener la independencia ante su cerco. Impedir que existan es imposible.
Por eso sorprende la reacción de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y de don Mariano Rajoy desde Nueva York por las concentraciones del martes en Barcelona y que supongo que serán mayores hoy, cuando declare el president Mas. Sorprende, sobre todo, la del señor Rajoy, porque también hubo acciones de presión cuando Francisco Camps acudió a declarar por el asunto de los trajes y fue arropado por destacadas personalidades del PP en la Comunidad Valenciana. Se nota que estas acciones duelen cuando benefician a un adversario, pero son asumibles cuando tratan de
También hubo acciones de presión cuando Camps declaró por los trajes y lo arroparon dirigentes del PP
proteger a un compañero de partido.
Al Tribunal Superior habría que decirle: no se queje de los ataques a la independencia judicial; garantícela. Pero tiene razón en su referencia a “representantes públicos, algunos con funciones de gobierno”. Piensa, seguro, en los consellers de la protesta y, a juicio del comunicado, favoreciendo, diseñando y encabezando la estrategia. Si es así, sepárese el derecho del ciudadano a manifestarse, como hace tantas veces ante los juzgados, de la responsabilidad del gobernante en estas acciones. Los gobernantes son poder ejecutivo, da igual que sea estatal, autonómico o local. Si tratan, como interpretó este diario, de hacer de las declaraciones en sede judicial un acto de afirmación independentista, no se justifica, pero se comprende porque todo es bueno para el convento.
Pero si tratan de condicionar, mediatizar o incluso asustar a los jueces, están creando un conflicto institucional entre poderes. No es el más grave en la actual relación entre las instituciones de Catalunya y el Estado, pero es un conflicto. Y algo peor: trasladan a la sociedad la idea de que la justicia es injusta, es política, es voluble y es manejable desde la calle. Están educando a la sociedad en la idea de la justicia como enemiga, de la desobediencia como respuesta y de la desconfianza social ante la aplicación de la ley. Piensan, quizá, que eso sólo perjudica a la “justicia del Estado”. Se equivocan: esas enseñanzas calan y será lo que quede si algún día la justicia es del Estado catalán.