Grietas en el Poder Judicial por el comunicado de apoyo al TSJC
La declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considerando como una “intolerable actuación” las manifestaciones de apoyo a los querellados por el 9-N ha dejado ciertas grietas en el órgano de gobierno de los jueces. El debate registrado en el Consejo es reflejo del conflicto político de fondo y las distintas formas de abordarlo desde círculos políticos y jurídicos.
El comunicado tuvo su origen en la declaración previa de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Al término del pleno que el Consejo del Poder Judicial celebró el martes, los hechos ocurridos en Barcelona con motivo de la declaración de Joana Ortega e Irene Rigau fueron traídos a colación por vocales del sector conservador en el capítulo de ruegos y preguntas. Dichos vocales propusieron adherirse al comunicado del TSJC que consideraba las concentraciones de apoyo a las querelladas –con presencia de miembros del Govern– como “un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial”.
El primero en oponerse fue el vocal del CGPJ Enrique Lucas, propuesto en su día por el PNV. Su tesis fue que era improcedente formular una declaración cuando no figuraba este asunto en el orden del día. Inmediatamente se adhirieron a la objeción, añadiendo otras, las vocales Roser Bach –propuesta por el PSOE–, y Concepción Sáez, elegida por iniciativa de IU. Bach –esposa del conseller de Justícia, Germà Gordó– pidió que se emplee la misma vara de medir en todos los casos en que exista una supuesta presión sobre los jueces, y que no se hicieran pronunciamientos sin conocer a fondo los hechos. Sáez abundó en esta idea, afirmando que no tenía detalles de lo ocurrido. El propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, respondió que el episodio estaba siendo tratado a lo largo de todo el día por los medios de comunicación, en muchos de ellos a todas horas y como primer asunto.
Los vocales discrepantes decidieron abandonar la reunión y al final no se realizó una votación propiamente dicha, sino que el comunicado se pasó a la firma y fue suscrito por el presidente y 15 vocales (otros dos no estuvieron presentes en el pleno). Previamente hubo varias intervenciones condenando las concentraciones a las puertas del TSJC, máxime con presencia de miembros del Govern, hechos considerados por la mayoría de los vocales como un ataque a la independencia judicial.
Al final no hubo votación, tres vocales abandonaron el pleno y el comunicado fue suscrito por otros 15