Los Cierco reclaman 365 millones a Andorra por el cierre de la BPA
Los antiguos propietarios del 75% del capital valoran el banco en 483 millones
Los hermanos Ramon e Higini Cierco, expresidentes y máximos accionistas de la Banca Privada d’Andorra (BPA), anunciaron ayer que han reclamado 365 millones de euros al Principado de Andorra y al Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) –con quienes les resultó imposible negociar– por los presuntos perjuicios derivados de sus acciones y omisiones en torno a la crisis de la entidad.
Entre las primeras se encontraría la falta de diligencia del Ejecutivo andorrano tras ser advertido en agosto del 2014 por el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), dependiente del Tesoro de Estados Unidos, de su investigación sobre las actividades de blanqueo de capitales en la BPA. Según los Cierco, “la respuesta evasiva y genérica” de las autoridades de su país precipitó la publicación de la durísima nota del 10 de marzo del año siguiente –la BPA fue declarada sospechosa de colaborar con el crimen organizado internacional–, que derivó en la intervención y la liquidación del banco. Además, la auditoría posterior del banco no descubrió nuevos casos de blanqueo a los que ya eran conocidos, investigados y judicializados.
En cuanto a las acciones presuntamente lesivas para los intereses de los Cierco se encontrarían, según la nota emitida ayer, desde las declaraciones del jefe de Gobierno de Andorra del pasado 11 de marzo anunciando la intervención de la entidad y creando alarma entre los clientes y sus acreedores a la aceptación de las acusaciones de la Fincen por parte del Ejecutivo o la decisión de liquidar el banco por parte de la INAF apenas mes y medio después de la intervención.
Por todo lo anterior, los Cierco han iniciado una reclamación administrativa en Andorra, que es el paso previo a una demanda judicial. Según la normativa del Principado, el Gobierno tiene ahora dos meses para contestar, pero, previsiblemente, la respuesta será negativa.
La cifra exigida por su 75% del capital –365 millones– surge de un informe encargado y pagado por los Cierco a una empresa de valoración cuyo nombre no se ha querido hacer público. Fuentes de la familia explicaron ayer que se cuenta ya con dos informes de parte y que en la reclamación se ha tenido en cuenta uno de ellos, que otorga un valor al conjunto del banco de 483 millones. Los Cierco han contratado a una tercera firma para que valore la entidad y su informe es el que se utilizará para la reclamación judicial.
Los 483 millones suponen una rebaja de casi 120 millones sobre la primera estimación realizada por los Cierco el pasado julio. Pero al margen de la respuesta del Gobierno andorrano o de lo que sentencien en su día los tribunales, la cifra es aún muy elevada si se compara con las valoraciones oficiales publicadas por la BPA antes de la intervención –las últimas son del 2013– y que recogían un valor neto patrimonial del banco de 238 millones. A esta cantidad habría que sumarle los beneficios del 2014, con lo que se llegaría a los 270 millones y, según los Cierco, otros 60 millones adicionales por unas participaciones preferentes convertibles en capital. En total, haciendo esta cuenta, BPA elevaría su valor contable hasta los 330 millones. Aun así, la valoración de los Cierco es un 50% superior.
Para Andorra, el impacto que tendría perder la futura demanda sería colosal. Según los presupuestos del Estado para el 2015, los ingresos del Principado alcanzarán los 399 millones este año. Sólo la reclamación de los Cierco equivale al 92% de esa cifra. En términos de producto interior bruto (PIB), el resarcimiento económico para el conjunto de los accionistas equivaldría a alrededor del 20% de la economía andorrana.
La cifra exigida por los exbanqueros equivale al 92% de los ingresos fiscales del Principado para el ejercicio 2015