El camino de la querella
Las declaraciones de testigos, el estudio de documentos y los previsibles recursos marcarán el rumbo de la causa del 9-N
La causa judicial por el proceso participativo del 9-N ha vivido un momento álgido esta semana, con las declaraciones como imputados del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament en funciones, Irene Rigau, ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Pero es posible que viva otros, dependiendo de como evolucione la instrucción. La principal duda aún persiste: ¿habrá finalmente juicio y sentencia o se archivará la causa?
Los próximo pasos. El lunes, el magistrado encargado de las diligencias, Joan Manel Abril, tomará declaración a cinco testigos más. Entre ellos está la exdirectora de un IES, que denunció presiones del Departament d’Ensenyament para ceder sus locales para la consulta. Su comparecencia se postergó para que no coincidiera con la campaña electoral, porque iba en el número 23 de la lista de Ciutadans por Barcelona. También está citado uno de los asesores del Govern en materia de consultas y un directivo del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya (CTTI). Además, el juez ha solicitado a este organismo documentación relativa al coste de 7.000 ordenadores utilizados esa jornada, su transporte a los centros de votación (que eran institutos) y los programas informáticos de que fueron dotados.
Sistema de recursos. Una vez cumplidos estos trámites, habrá que ver si las diferentes partes consideran que necesitan más pruebas o declaraciones. Vamos a suponer que no. En ese caso, el juez recibirá escritos de las partes (Fiscalía, defensas y acusación popular), que expresarán su parecer sobre el proceso. Es evidente que los abogados de los querellados solicitarán el archivo, y parece bastante claro que las acusaciones populares, encabezadas por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, querrán ir hasta el final. La incógnita es conocer el criterio de la Fiscalía. En cualquier caso, y sea cual sea la decisión de Abril, archivar o ir a juicio, su decisión será recurrida. De revisarla se encargará una sala del TSJC, compuesta por tres magistrados: el presidente del Tribunal, Miguel Ángel Gimeno, y los magistrados Enric Anglada y Jesús Barrientos. Pero el recorrido puede no concluir aquí, aún hay otro posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal Supremo: si Abril cree que se debe ir a juicio y la sala estima que no. En ese caso es posible recurrir al alto tribunal. En cualquier otra hipótesis, que el instructor y la sala coincidieran en su parecer o que el instructor pensara que no y la sala que si, la decisión no sería recurrible, explicaron fuentes jurídicas. Si se celebra el juicio, será ante magistrados del TSJC, y el tribunal estaría presidido por Gimeno y dos magistrados que no hubieran participado ni en la instrucción ni en los recursos. Podrían ser José Francisco Valls, Maria Eugènia Alegret o Carlos Ramos. La eventual sentencia, sea cual sea, sería recurrible ante el Tribunal Supremo.
Estrategia de las declaraciones.
Más allá del contenido político de las declaraciones, el asunto tiene una vertiente jurídica. La causa gira alrededor de la desobediencia al auto emitido por el Tribunal Constitucional del pasado 4 de noviembre. Lo ocurrido antes no tiene valor penal. Por lo tanto, la Fiscalía busca qué actos impulsó la Generalitat entre el 4 y el 9 de noviembre; en especial a lo que se refiere a la cesión de escuelas, soporte informático y dinero destinado a ello. Los abogados de Mas, Ortega y Rigau (Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina, respectivamente) han trazado una línea de defensa basada en dos ideas clave. La primera, que no hay desobediencia porque no hay mandato expreso del TC a los interesados y no se resolvieron las aclaraciones solicitadas al respecto. Y la segunda, que a partir del día 4 la Generalitat desistió de ejecutar la consulta, no llevó a cabo ningún acto sobre el asunto, cambió su formato y dejó el desarrollo de la jornada en manos de los voluntarios.
Brecha con los jueces. Las concentraciones convocadas ante el Palacio de Justicia han enfadado a los jueces. En un inusual y duro comunicado, el día 13 la sala de gobierno del TSJC acusó al Govern de estar detrás de ellas. Lo que ha causado más malestar en el mundo judicial es que los miembros del Govern acompañaran a los querellados hasta el tribunal, porque estiman que deberían mantener una actitud más institucional. Y también causa preocupación en medios judiciales que Artur Mas expresara la posibilidad de incumplir una eventual condena; una declaración que, además, se hizo en una sede institucional, la Generalitat, por parte de un cargo público, lo que aporta una estética de incumplimiento de las leyes desde las mismas instituciones.