Justicia y Fiscalía negocian para evitar que fracase la ley procesal
El Gobierno intenta salvar la reforma que pone plazos máximos a los sumarios
Ante la protesta masiva de jueces y fiscales, el Gobierno ha reaccionado para evitar que fracase la reforma procesal que entrará en vigor en diciembre próximo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunirá el próximo día 20 con el Consejo Fiscal, máximo órgano representativo de la carrera, que ya hace meses advirtió de las deficiencias de los cambios legales introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). El punto de mayor fricción es la limitación de los plazos máximos para la instrucción de los sumarios, que será de seis meses para los procesos ordinarios y de dieciocho en los de especial complejidad.
Con diferentes acentos y en distintos grados, pero todas las asociaciones de jueces y fiscales –seis de ellas en una declaración conjunta– han reaccionado ante la puesta en marcha de la ley con duras críticas, porque la consideran de imposible cumplimiento. Pero el reproche que más teme ver confirmado el Gobierno es que la reforma pueda crear espacios de impunidad. La posibilidad es remota, pero existe. Y es que la nueva ley, incluso si fuera derogada por el próximo gobierno, habría generado –según los propios fiscales– periodos ventana en los que es probable que no hayan concluido determinados procesos, lo que daría pie a estrategias de defensa que cuestionaran toda la investigación.
Lo que jueces y fiscales piden, como mínimo, es que se acuerde una moratoria para la entrada en vigor de la ley. Lo quiere sobre todo la Fiscalía, porque han de ser sus miembros los que, cumplidos los plazos máximos para la instrucción, insten a los jueces para el cierre de los procesos. Tanto la conservadora Asociación de Fiscales (AF) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) creen que no se puede garantizar que en seis meses se va a tener un control exhaustivo de todas las causas penales en curso en España. Se calcula que para asegurarlo habría que revisar no menos de 700.000 procedimientos. “Algunos de ellos yacen en los sótanos de los edificios judiciales”, manifestaba ayer un fiscal de los que ha suscrito la carta al ministro de Justicia en la que se pide que se frene la reforma, por considerar que sus objetivos son “de imposible cumplimiento”. La misiva ha recogido ya más de un millar de firmas, todo un récord, según se afirma en todos los ámbitos de la carrera, que da idea del grado de rechazo cosechado por el proyecto de “instrucción exprés”.
La Fiscalía General del Estado comparte en buena medida los temores de una representación tan amplia de la carrera, pero quiere desempeñar un papel de puente para buscar soluciones. En este sentido ha propuesto refuerzos de los sistemas informáticos, que permitirían, al menos, mejorar el control del estado de las causas. Pero las asociaciones de fiscales estiman que la ley es sencillamente utópica y que sus objetivos resultarían inalcanzables incluso con inversiones urgentes que en modo alguno están previstas. Por el contrario, la reforma procesal ha nacido sin ir acompañada de una memoria económica. Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que esa es la mejor prueba de su falta de realismo, porque estiman que es literalmente imposible acelerar los procedimientos a coste cero.
El ministro Catalá se reunirá con el Consejo Fiscal ante la protesta generalizada de jueces y fiscales