Barcelona busca usos para un bloque ‘maldito’ y sin estrenar desde el 2006
El edificio, de 30 pisos y que ha logrado varios premios, se construyó inicialmente para jóvenes y luego para colectivos vulnerables
En la esquina de las calles Londres y Villarroel, en el distrito del Eixample de Barcelona, permanece vacía desde el 2006, cuando acabó la construcción, una promoción de treinta pisos sociales para jóvenes. El bloque, de los arquitectos Jaime Coll y Judith Leclerc, ha obtenido diversos galardones, como el premio nacional de Calidad del Ministerio de Vivienda en la categoría de promoción pública, además del Ciutat de Barcelona en arquitectura y el premio para viviendas colectivas de la IX Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.
Pero los pisos arrastran un larguísimo litigio judicial contra el que se han estrellado ya tres alcaldes: Joan Clos, Jordi Hereu y Xavier Trias. La actual alcaldesa, Ada Colau, podría ser la cuarta. Desde el año 2003, los vecinos de la zona se agruparon en la plataforma Comissió Pro Illa Verda y denunciaron ante la justicia el proyecto, que preveía además de las viviendas para jóvenes, una escuela infantil y de primaria, una guardería y un aparcamiento subterráneo con capacidad para 410 vehículos. La escuela (el CEIP Mallorca), la guardería y el parking ya están en funcionamiento, pero los pisos están cerrados. Se tenían que haber adjudicado en un sorteo en febrero del 2007, pero los vecinos lograron que los jueces les dieran la razón con el argumento de que la normativa cuando se aprobó el plan, el 15 de febrero del 2002, preveía en esta esquina una zona verde, y no equipamientos.
El Tribunal Superior de Justícia ha ordenado en dos ocasiones, en enero y julio del 2008, la anulación del proyecto y el derribo de las obras. El Ayuntamiento, que se niega a derribar nada y ha pedido la nulidad de las actuaciones, sostiene que la continuidad de la escuela y la guardería “no está en duda” y que aún no se ha dictado la última palabra sobre los pisos. El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, sorprendió el pasado día 6 a los asistentes a la reunión de la comisión permanente del Consell d’Habitatge Social con una propuesta insólita y pidió que el bloque se destine a refugiados sirios para “presionar” a los jueces y evitar el derribo. El Ayuntamiento declinó ayer confirmar o desmentir este extremo. Todos los intentos de este diario para que Montaner o su asesora, Vanesa Valiño, que también estaba presente en la reunión, matizaran o negaran las palabras resultaron infructuosos.
En la comisión, que se celebró en la sede del Consorci de l’Habi- tatge de Barcelona, en la calle Bolívia, participaron asesores o representantes de la CUP, C’s, PSC, CiU y el PP, además de entidades sociales que fomentan el cooperativismo y las promociones públicas de vivienda. Varios de estos asistentes han confirmado la declaración del regidor Montaner. Una portavoz municipal se limitó a un lacónico: “Estamos estudiando el futuro del edificio”.
Anteriores equipos municipales trataron de obtener luz verde en los tribunales con enmiendas urbanísticas y destinando las viviendas a “colectivos vulnerables”, una categoría en la que entrarían los refugiados. Sin embargo, desde que se construyeron los pisos, han variado las normativas en aspectos como la ventilación, salidas de emergencias e insonorización. Adecuar la finca a estas normas costaba en el 2002 más de 1,8 millones de euros. La inversión aún no se ha hecho.
Otros portavoces municipales vinculados al plan de ciudad refugio sostienen que el censo de recursos a disposición de los asilados no ha concluido y recalcaron que “la privacidad primará sobre cualquier otra cuestión, por lo que no diremos dónde se les albergará”. Estas fuentes reconocieron que no hay cifras definitivas ni fechas sobre la llegada de los primeros contingentes, aunque creen que inicialmente serán “grupos muy reducidos”.
El Ayuntamiento calla ante la propuesta del concejal de Vivienda, que pidió ceder el edificio a refugiados