La justicia avala el acuerdo de Arantxa con sus padres
La Fiscalía desestima un recurso del abogado de la familia y del gestor de los bienes
La justicia ha acabado dando la razón a Arantxa Sánchez Vicario sin que las disputas familiares aireadas en la prensa hayan tenido que resolverse en un juicio, al menos si ninguna de las partes decide seguir pleiteando. La justicia ha avalado el acuerdo que la extenista y su marido, Josep Santacana, firmaron el pasado julio con los padres de ella –Emilio Sánchez y María Luisa Vicario– al desestimar el recurso de forma que el abogado de la familia, Bonaventura Castellanos, y el antiguo administrador de los bienes de la familia, Francisco Oró, presentaron tras el archivo por desistimiento de la querella de Arantxa contra sus progenitores, su hermano Javier y los propios Castellanos y Oró.
Ajenos a este acuerdo, tanto el abogado como el gestor consideraron que el cierre el falso del proceso dejaba en el aire acusaciones que ponen en entredicho su honor y su profesionalidad. En la querella, de hecho, figuraban contra ellos las acusaciones por apropiación indebida, administración fraudulenta, falsedad en documento público y deslealtad profesional. Además, la Audiencia Provincial no dudó en imputar a los querellados al hallar indicios de criminalidad en su actuación y resolvió la instrucción del caso después de que el juzgado lo archivase en un principio.
Todas estas sombras sobre su actuación seguirán flotando después de que el juzgado que ha instruido la querella haya decidido no tener en cuenta el recurso de reforma atendiendo a un requerimiento de la fiscalía, que tampoco considera acreditada la inexistencia de criminalidad, y recordando que, en cualquier caso, la propia querellante –Arantxa– ya se retractó de algunas de sus manifestaciones.
Castellanos y Oró tienen ahora la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento contra Arantxa y su marido, un extremo que por ahora ninguno de ellos ha confirmado. Una vía que también se le abre al menor de los Sánchez Vicario, que no llegó a apoyar este recurso pese a que el abogado familiar afirmó que así lo haría después de quedar también en entredicho su gestión como administrador de varias empresas cuya titular era la extenista.
Arantxa se querelló contra todos ellos, incluidos sus padres, en el 2010, para después abrir varios procesos en España y Andorra. Una sanción de Hacienda por una liquidación incorrecta de más de cinco millones de euros la llevó a encargar una auditoría de las firmas en las que aparecía como titular para determinar que se había desviado capital hacia cuentas en el extranjero sin su autorización. Eso y la mala relación con sus padres la llevó a pleitear contra todos, acusándolos de apropiarse presuntamente de 16 millones de euros y bienes de mayor valía.
En julio, la extenista firmó un acuerdo con sus padres que compromete a ambas partes –no al abogado, al gestor y a Javier– a cerrar la vía judicial. Arantxa cedió en usufructo a su padre el piso familiar que está a su nombre y, en caso de fallecimiento de éste, durante tres años más a su madre, siempre que todos los hermanos contribuyan de forma solidaria en los gastos. Los padres se comprometieron a desocupar la residencia veraniega de S’Agaró.
El desistimiento de la extenista cerró en falso la acusación contra Castellanos, Oró y su hermano Javier