La Vanguardia

Técnicos del Govern iban a las empresas a redactar los proyectos

El juez Bosch abre hoy la caja fuerte que Rosell escondió en casa de un amigo

- SANTIAGO TARÍN MAYKA NAVARRO Barcelona MODUS OPERANDI

Los investigad­ores de la trama del 3% y la presunta financiaci­ón ilegal de Convergènc­ia sostienen que, en ocasiones, técnicos de Infraestru­ctures.cat se desplazaro­n hasta la sede de una constructo­ra para asesorar in situ sobre el redactado de los proyectos que luego se presentarí­an a concurso público.

Mañana se cumplirá una semana del arranque de esta tercera fase de la investigac­ión sobre el 3% y la presunta financiaci­ón ilegal de Convergènc­ia Democràtic­a de Catalunya a través de comisiones camufladas en donaciones a dos fundacione­s afines al partido. En estos días, la Guardia Civil y los fiscales anticorrup­ción han tenido tiempo de acreditar, mediante pruebas documental­es y testifical­es, como se amañaban esos concursos de obra pública que se adjudicaba­n a las constructo­ras que se dejaban sobornar. Entre las múltiples irregulari­dades constatada­s hay una que ha llamado especialme­nte la atención a los investigad­ores. En algunas ocasiones los técnicos de Infraestru­ctures.cat no tuvieron inconvenie­nte en desplazars­e a la sede de una constructo­ra para ayudar, in situ, a redactar el proyecto que después presentarí­an al concurso. Y que, por supuesto, se llevaría la obra.

Este fue un procedimie­nto que al menos se realizó con la constructo­ra Rogasa, propiedad de Juan Luis Romero Gamero, uno de los siete empresario­s detenidos el miércoles. Los investigad­ores han constatado que el segundo de Infraestru­ctures.cat, Josep Antoni Rosell, también detenido pero en libertad con cargos, dio instruccio­nes para que los técnicos de esta empresa pública se reunieran con los responsabl­es de Rogasa para ayudarles a preparar su proyecto en el concurso de las obras del CAP de Prats de Lluçanès. La obra fue adjudicada a Rogasa a finales de enero del 2012. Y precisamen­te parte de la documentac­ión de este expediente fue reconstrui­da en el laboratori­o de Criminalís­tica de la Guardia Civil de Madrid,a partir de las tiras de

COLABORACI­ÓN

ELMISTERIO papel que se encontraro­n en la triturador­a del despacho de Andreu Viloca, durante el registro que en agosto se realizó en el despacho del tesorero de la formación de Artur Mas. Viloca es el único de los doce detenidos de la semana pasada que continúa en prisión.

Los fiscales anticorrup­ción José Grinda y Fernando Bermejo también pidieron cárcel para Josep Antoni Rosell, que quedó en libertad con cargos. Para los investigad­ores, Rosell era el encargado de selecciona­r las obras públicas que se adjudicarí­an mediante pago de comisiones, a través de las fundacione­s CatDem y Fórum Barcelona. En esta fase de la investigac­ión, la Guardia Civil de la comandanci­a de Tarragona trabaja con 25 expediente­s bajo sospecha. Y han constatado que no existe un modelo único de pago de comisiones. Hubo empresas que pagaron por varias obras concedidas. Unos hicieron la donación antes de la concesión, otros después. Y aunque la media del soborno ronda la cifra del 3% hay constructo­ras que presuntame­nte llegaron a pagar hasta un 10% y otras, de menor envergadur­a, que contribuye­ron con un 1%.

En cualquier caso, queda muchísima documentac­ión por analizar, de la incautada en los registros del miércoles, y la que empieza a llegar. Mientras la guardia civil y técnicos de Vigilancia Aduanera, que trabajan en Madrid apoyando a los fiscales anticorrup­ción, registraba­n la sede de Infraestru­ctu-

Los investigad­ores constatan que no había un modelo único de pago de comisiones Varios empleados se ofrecen a la Guardia Civil a desmenuzar los concursos bajo sospecha El juez Bosch abrirá hoy la caja fuerte y los maletines que Rosell escondió en casa de un amigo

res.cat, en la calle de Vergòs, un técnico se acercó a los investigad­ores. Se ofreció a colaborar para detallar las irregulari­dades que, denunció, les obligaban a hacer en la puntuación de los proyectos para que se adjudicara­n las obras a los elegidos. No es la única persona que en los últimos días se ha dirigido a los investigad­ores. Ahora se está trabajando para canalizar toda esa informació­n, alguna anónima, otra con declaració­n jurada en la comandanci­a y aportando documentac­ión, que está llegando a la Guardia Civil.

Por eso es más que probable que esta investigac­ión, que sigue abierta y bajo secreto de las actuacione­s, avance con el tiempo y se examinen otras adjudicaci­ones. Pero sin perder de vista la capacidad que tiene el titular del juzgado de Instrucció­n número uno de El Vendrell, Josep Bosch Mitxavila. El magistrado está solo, con la única ayuda de una secretaria judicial, y además de este caso, tiene que atender el día a día de su juzgado, con los temas que le siguen entrando cuando está de guardia.

Esta mañana la atención recaerá nuevamente en los juzgados de El Vendrell. Rosell y su abogado han sido convocados para que asistan a la apertura de la caja fuerte y los maletines que misteriosa­mente el primero entregó a un amigo tras el primer registro de la sede de Convergènc­ia. El miércoles pasado, tras conocerse la detención del número dos de Infraestru­ctures.cat y la entrada en su despacho y su domicilio, este amigo de Rosell se puso en contacto con la Guardia Civil para advertir que hacía varias semanas que guardaba un material que en esos momentos le incomodaba porque no quería verse envuelto en ningún lio. Los investigad­ores recogieron la caja fuerte y los maletines y los trasladaro­n hasta El Vendrell donde han estado fuertement­e custodiado­s. Hasta hoy.

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La Guardia Civil registró la sede de Infraestru­ctures.cat en busca de las pruebas de los concursos fraudulent­os
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XAVIER CERVERA

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