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El inicio de una nueva legislatur­a en Catalunya, marcada por el proceso independen­tista, y el final de una legislatur­a con mayoría absoluta del PP en España.

LA undécima legislatur­a catalana se inició ayer con la elección de la Mesa del Parlament, que, merced al pacto de las fuerzas soberanist­as –Junts pel Sí y la CUP–, tiene mayoría favorable a la independen­cia. La nueva presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell –elegida con los 72 votos que suman las dos formacione­s mencionada­s, más cinco de Catalunya Sí que es Pot–, tuvo algunas palabras integrador­as. Pero acabó su discurso con un “Visca la república catalana” más propio de su etapa como activista al frente de la Assemblea Nacional Catalana que de la responsabi­lidad institucio­nal que le correspond­e ahora al frente del Parlament. No puede decirse, pues, que este fuera el estreno más adecuado para su andadura. La presidenta hizo bien al expresar su afán por estar al servicio de toda la ciudadanía. Pero se contradijo con ese viva, que refleja el deseo de parte de las fuerzas representa­das en la Cámara, pero no de todas, y dista por tanto de la imparciali­dad inherente al cargo. Por si eso no bastara, Forcadell debe recordar que si bien ha obtenido la presidenci­a del Parlament por una cómoda mayoría, el resultado de las elecciones del 27-S no otorgó al independen­tismo ni la mitad de los sufragios. Ese, y no otro, es el perfil del electorado catalán surgido de las recientes autonómica­s.

En cualquier caso, así comenzó en el Parlament una legislatur­a que, según la hoja de ruta pactada por CDC y ERC, debería culminar dentro de dieciocho meses con la convocator­ia de unas elecciones constituye­ntes catalanas. Sin embargo, es obvio que las posibilida­des de que ello sea así no dependen tan sólo de la voluntad de esa mayoría del hemiciclo, sino también de la evolución de las circunstan­cias políticas que rodean el llamado proceso hacia la independen­cia, frente al que se sitúan, por cierto, órganos del Estado dispuestos a aplicar y hacer aplicar la ley.

Existen, además, otros obstáculos que añaden incertidum­bre a la coyuntura. En primer lugar, el difícil entendimie­nto ideológico entre las fuerzas soberanist­as, CDC y la CUP, por ejemplo, en lo tocante a la formación del nuevo Govern y la figura de su presidente. Mientras que los primeros dicen que Artur Mas es innegociab­le, los segundos insisten en que no le apoyarán. Esta escasa sintonía puede, en último extremo, obligar a la convocator­ia de unas nuevas autonómica­s.

El segundo interrogan­te que se proyecta sobre el proceso es el incierto resultado de las generales españolas, convocadas para el próximo 20-D, que a juzgar por las encuestas pueden suponer un cambio sustancial en el escenario político español, ya sea por un retroceso del Partido Popular o por la emergencia de nuevos grupos. Dicho cambio podría afectar a las relaciones territoria­les si, como pretenden muchos, se concreta acto seguido la posibilida­d de llevar a cabo una reforma constituci­onal en España.

Y, finalmente, habrá que estar pendientes de la evolución de las investigac­iones judiciales sobre el caso del 3%, que pueden tener serias consecuenc­ias sobre el futuro del primer partido catalán.

Por todo lo dicho, iniciamos la undécima legislatur­a catalana ante un horizonte poblado de nubarrones. Bueno será, pues, que las personas con responsabi­lidades institucio­nales actúen, al ejercer sus cargos, con la mayor responsabi­lidad, con toda ecuanimida­d y con el máximo respeto hacia los ciudadanos catalanes, sin excepción.

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