Netanyahu planea retirar la residencia a 100.000 palestinos de Jerusalén
Palestina rechaza el acuerdo entre Israel, EE.UU. y Jordania para vigilar Al Aqsa
El primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, ha ordenado a su Gobierno que revise el estatus legal de los palestinos que viven en los barrios de Jerusalén situados fuera de la barrera de seguridad. La amenaza de expulsión afecta a 100.000 personas, un tercio de los residentes palestinos de Jerusalén.
Estos palestinos, que viven bajo la ocupación israelí desde 1967, tienen permiso de residencia, lo que les autoriza a desplazarse libremente por Israel, trabajar y recibir prestaciones sociales.
Los barrios más allá del muro de seguridad también forman parte del Jerusalén que Israel se anexionó, pero apenas tienen servicios municipales y la policía los evita tanto como puede. El 75% de los palestinos de la ciudad viven en la pobreza, según estadísticas israelíes.
La medida, en todo caso, no es inminente –Netanyahu sólo ha pedido una evaluación– y es posible que tampoco sea viable pues Israel considera que Jerusalén es indivisible, capital de su Estado, una ciudad donde los judíos y los árabes tienen los mismos derechos.
Israel, asimismo, recuerda que la mayoría de los ataques del último mes han ocurrido en Jerusalén Oriental, la parte de la ciudad que los palestinos reclaman para instalar la capital de su Estado. Los asaltantes proceden, asimismo, de los barrios orientales.
Netanyahu insistió en su página de Facebook: “Haremos todo lo posible para reducir la tensión y acabar con la violencia”.
Yudith Oppenheimer, directora ejecutiva de Ir Amim, un grupo que lucha por la coexistencia en Jerusalén, explica que el muro de seguridad, levantado hace una década, ha partido ocho barrios y acusa a Netanyahu de aprovechar la ola de violencia para disminuir la presencia palestina en la zona oriental de la ciudad.
Adnan Husseini, el ministro palestino encargado de Jerusalén, considera que si la expulsión llega a consumarse será equiparable con “la limpieza étnica”. También aseguró que Israel “derriba casas (en Jerusalén Oriental) y niega los permisos para reconstruirlas” para forzar a los palestinos a instalarse en otra parte.
El Gobierno israelí filtró la noticia de la posible expulsión de 100.000 palestinos después de provocar el enfado de los sectores más nacionalistas y ultraortodoxos por dar su visto bueno a un plan de EE.UU. y Jordania para instalar cámaras de seguridad en la Explanada de las Mezquitas. Netanyahu considera que las cámaras demostrarán a los palestinos que Israel no quiere cambiar el statu quo en este lugar santo. Los palestinos, sin embargo, rechazan el acuerdo porque, según declaró Hanan Ashrawi, responsable de cultura de la OLP, “no sólo es una viola- ción del statu quo, sino que también permite a Israel ejercitar el control de la seguridad y le provee de mejores medios de vigilancia”.
Grupos de nacionalistas judíos consideran que los musulmanes construyeron la mezquita de Al Aqsa sobre las ruinas del segundo templo y reclaman el derecho a rezar también allí. Uri Ariel, ministro de Agricultura, es uno de ellos y ha declarado que su sueño es poder reconstruir el templo.
Los palestinos, al ver estas alianzas de Gobierno, desconfían de las palabras de Netanyahu. En todo caso, los judíos pueden visitar el lugar durante unas horas al día, siempre bajo vigilancia de la policía israelí, que tiene órdenes de detenerlos si se ponen a rezar.
“Es increíble que en nuestro país y en nuestra capital y en el lugar más sagrado para nosotros, justamente los judíos no tengamos libertad de culto”, declaró ayer a La Vanguardia Yehuda Etzion, uno de los activistas judíos que visita regularmente el Monte del Templo, lugar que los musulmanes llaman la Explanada de las Mezquitas. Está bajo administración de Wafq, un organismo religioso jordano y la comunidad internacional nunca ha reconocido su anexión a Israel.
Los palestinos de Jerusalén tienen permiso para trabajar en Israel y recibir prestaciones sociales