Diferencias en el Govern sobre la declaración de desobediencia
El Gobierno pone sobre la mesa todas las vías legales para frenar el proceso de independencia Varios consellers expresan a Mas en el Consell Executiu dudas sobre el texto acordado con la CUP
Instalados en la sucesión de días históricos, Catalunya sumó ayer a su haber una jornada que desató definitivamente y sin vuelta atrás las hostilidades entre la nueva mayoría independentista del Parlament y las instituciones del Estado español. Al mismo tiempo que la Policía Nacional cumplía con una orden de registro en casa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y ahondaba en el vía crucis judicial de los Pujol Ferrusola y empresarios vinculados, la coalición de la que forma parte Convergència desconectaba no sólo del pujolismo, sino también del entramado institucional surgido de la transición que apoyó en la redacción de la Constitución.
El paso no es menor. Junts pel Sí y la CUP estrenaron el registro del Parlament esta legislatura con una propuesta de resolución con la que pretenden que la Cámara declare solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán en forma de república, se abra un proceso participativo para preparar las bases de la futura constitución catalana y se fija un plazo de un mes para tramitar las leyes del proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública. Sobre el intento de dotar de personal la Agencia Tributaria Catalana ya pesa una suspensión del Tribunal Constitucional. Hasta ahí los preparativos de construcción. Luego está la ruptura, o “desconexión democrática” CDC y ERC asumen los postulados de la CUP al sostener que el Parlament “no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado”, en particular del Tribunal Constitucional, al que se considera “sin competencia” desde la sentencia del Estatut y se insta al futuro Govern a cumplir “ex- clusivamente” las normas emanadas del Parlament frente a las decisiones del Estado.
Lo que no garantiza la resolución es la investidura de Artur Mas como presidente, a pesar de que en el texto se hacen referencias a actuaciones del Govern, ahora en funciones. El rechazo de la CUP a Mas sigue sobre la mesa mientras Convergència ha pasado de descartar oficializar cualquier acuerdo parcial con la izquierda anticapitalista mientras no se garanticen los votos de la investidura, a ceder para mantener viva la partida. No obstante, la falta de garantías sobre la investidura despertó recelos en la reunión del Consell Executiu. Algunos consellers expresaron sus dudas sobre el acuerdo de Junts pel Sí con la CUP, por el contenido, pero también por la forma, según fuentes gubernamentales. No fue una discusión, aseguran, pero los consellers vinieron a comunicar a Mas que sin quid pro quo el acuerdo con la CUP no deja de ser un gesto gratuito, que no ofrece garantías y que desdibuja la posición de Convergència. Según las citadas fuentes, el president Mas se mostró comprensivo con los comentarios, pero dio por hecho que afrontar el nuevo escenario era la única manera de mantener viva la negociación y aparcado el horizonte de nuevas elecciones.
La Mesa del Parlament admitió ayer el texto y hoy lo tramitará de urgencia, por lo que está previsto que se abra un breve plazo de enmiendas obligado con el objetivo de que se apruebe en un pleno previsiblemente la próxima semana. Al otro lado, los grupos de la oposición iniciarán su ofensiva particular pidiendo informes jurídicos a los servicios de la Cámara sobre el texto. No habrá frente común, el PP presentará una resolución en defensa de la unidad y Catalunya Sí que es Pot pidiendo un referéndum vinculante. Pero eso sólo será el primer paso, porque PP, PSOE y Ciutadans han abierto una línea directa de comunicación que garantiza, más allá de las elecciones del 20-D, la puesta en marcha de todas las vías legales para impedir una declaración de independencia. No fue por iniciativa de Mariano Rajoy, sino de Pedro Sánchez, pero el presidente del Ejecutivo español quiso ponerse al frente del rechazo a la iniciativa independentista. Tras hablar con el líder del PSOE y el de Ciutadans, Rajoy compareció en la Moncloa para fijar la estrategia de respuesta a lo que calificó de “provocación”. El Gobierno garantiza que la resolución “no surti-
rá ni uno solo de sus efectos” y para ello puso en marcha “todos los mecanismos políticos y jurídicos” en defensa de “la soberanía del pueblo español”. Y “todos son todos”, incluida la suspensión de la autonomía prevista en la Constitución.
Más allá del intento de paralizar la resolución dentro del propio Parlament, el Gobierno central trabaja ya en su recurso ante el Tribunal Constitucional con los argumentos ya empleados en la impugnación contra la declaración de soberanía del Parlament de la pasada legislatura y que el Constitucional atendió parcialmente. Los pasos sucesivos dependerán del camino que siga la Cámara catalana. Tras la reforma de la ley del Alto Tribunal, impulsada por el Gobierno del PP, el Constitucional tiene ahora la potestad para acordar la suspensión de funciones de la presidenta del Parlament, si esta hace caso omiso de una sentencia.
No obstante, como la resolución emplaza al Govern a poner en marcha diferentes leyes, el Ejecutivo del PP también estudia si un Govern en funciones puede adoptar medidas como estas. El artículo 155 de la Constitución, que abre el procedimiento para la suspensión de la autonomía, es el último recurso.