Rumbo de colisión
JUNTS pel Sí y la CUP presentaron ayer ante la Mesa del Parlament de Catalunya, constituida apenas 24 horas antes, una propuesta de resolución en la que declaraban “solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”. Las dos formaciones aspiran a que este documento sea votado y aprobado la semana que viene. Lo cual equivaldría, en caso de escrutinio favorable, a iniciar de modo formal e institucional, según se dice en el tercero de los nueve puntos de este documento, el proceso constituyente “ciudadano, participativo, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana”. Hay más. En el sexto punto, la propuesta señala que “el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que se considera deslegitimado”. Dicho en otras palabras, la mayoría soberanista –en escaños, no en votos, conviene recordarlo de nuevo– de las elecciones del 27-S lleva rumbo de colisión con las estructuras del Estado español, cuya anuencia ante el proceso iniciado es nula. Por si cupiera alguna duda al respecto, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, se apresuró ayer a comparecer en la Moncloa para manifestar que utilizará cuantos recursos políticos y jurídicos estén a su alcance para defender España y para garantizar el cumplimiento de las leyes. Rajoy no dudó en calificar la propuesta registrada ayer en el Parlament de “provocación de quienes pretenden saltarse la ley” y añadió que el Gobierno “garantiza y garantizará que no van a lograr sus objetivos”. Es pertinente subrayar que Rajoy habló con el líder socialista y con el de Ciudadanos antes de comparecer.
Vamos a decirlo de manera clara: las cosas no se están haciendo bien. Si la propuesta de resolución que nos ocupa fuera aprobada, el choque interinstitucional, entre los organismos autonómicos y los estatales sería ya un hecho y abriría un nuevo periodo en las tormentosas relaciones entre Catalunya y España. El Parlament se situaría al margen del ordenamiento estatal, del cual forma parte, por no decir en una posición de abierto enfrentamiento, que acaso no compartan el grueso de los catalanes que votaron el 27-S.
Las cosas no se están haciendo bien. Y no sólo por la anunciada desobediencia legal, que lanza a la ciudadanía, desde altas instancias, un mensaje impropio, sino también porque se está orillando el amplio consenso social que requiere este tipo de iniciativas, y se está cediendo a una falsa urgencia histórica. CDC parece haber perdido la iniciativa y tiene desconcertado a parte de su electorado tradicional, que no comprende por qué se ha presentado semejante proposición, antes incluso de que Junts pel Sí y la CUP hayan logrado pactar quién será el próximo presidente de la Generalitat.
Las cosas no se están haciendo bien tampoco en Madrid, donde Rajoy ha exhibido en los últimos años enorme insensibilidad política y un quietismo muy cuestionable, que ha ayudado a envenenar la situación.
La sociedad catalana es de gran complejidad. Sus varias sensibilidades deben hallar, si no el consenso, sí al menos el modo de convivir. Las actitudes unilaterales son peligrosas, y sólo arriban a puerto cuando están apoyadas por mayorías muy amplias, que ahora y aquí no se dan. Propuestas como la de ayer anuncian días de confrontación. Las partes no han hecho bien las cosas y podemos acabar pagando todos por ello.