Asesores de Obama le aconsejaron no dejar a Bin Laden con vida
Un equipo ultrasecreto de abogados avisó de no detener al terrorista con vida
Osama bin Laden, el líder fundador de Al Qaeda, nunca fue un fugitivo de la justicia estadounidense incluido en la lista de los wanted dead or alive (se busca vivo o muerto). El Gobierno de Estados Unidos puso precio a la cabeza del autor intelectual del ataque a las Torres Gemelas, pero nunca lo quiso vivo y menos someterlo a un juicio justo. Lo quería muerto y bien muerto.
Una vez localizado el terrorista, el presidente Obama, en su papel de comandante en jefe, dio la orden a la Navy Seals, la unidad de operaciones especiales de la Marina, de matar a Bin Laden y de ninguna manera capturarlo con vida, porque habría ocasionado enormes disquisiciones jurídicas sobre la situación del prisionero y sobre la legalidad de la operación que se iba a llevar a cabo en territorio pakistaní.
Varias semanas antes de la operación militar, cuando se descubrió y confirmó dónde se encontraba Bin Laden, un equipo ultrasecreto de cuatro abogados recibieron el encargo directo del presidente de establecer la cobertura legal necesaria para la operación.
El asunto se llevó tan en secreto que no conocía la existencia de este equipo de asesores jurídicos ni siquiera el entonces fiscal general y ministro de Justicia, Eric Holder, considerado no la mano derecha, pero sí el brazo izquierdo del presidente Obama.
Esta historia la destapó ayer el The New York Times y corrió por la red como un reguero de pólvora. Según este diario, los abogados trabajaron de manera intensa porque tenían prohibido consultar con ayudantes y utilizaron ordenadores portátiles de máxima seguridad para redactar sus memorandos. Para hablar entre ellos tenían un sistema de comunicación muy específico.
Los abogados llegaron a la conclusión de que existía suficiente cobertura de las leyes estadounidenses e internacionales para enviar fuerzas de tierra a suelo paquistaní sin el consentimiento del país, para autorizar explícitamente una misión letal, para no tener que informar previamente al Congreso de la operación y para poder deshacerse del cadáver de un enemigo en el mar, justificado por una situación que se consideraba de guerra. Obama no quiso que lo llevaran a Guantánamo, cárcel alegal y ominosa que prometió clausurar, y tampoco quisieron entregar el cadáver, de acuerdo con lo que establece el Convenio de Ginebra, para evitar que sus partidarios crearan un santuario yihadista en La Meca.
Este Equipo A de abogados lo integraron Stephen W. Preston, consejero general de la CIA; María De Rosa, asesora jurídica del Consejo de Seguridad Nacional; el entonces contralmirante James W. Crawford I, asesor jurídico del Estado Mayor Conjunto, y Jeh C. Johnson, el asesor general del Pentágono. Encontraron todas las excepciones necesarias para justificar la acción y sobre todo advirtieron que los soldados no debían cruzar ni una palabra con Bin Laden, porque si se rendía no podían matarlo.
Los soldados fueron instruidos para no hablar con el terrorista, porque si se rendía no podían matarle