La estrategia por fases de Justicia
El Ejecutivo del PP sólo prevé suspender la autonomía si antes fallan el TC y la vía penal
El Gobierno tiene preparada una actuación por fases para hacer frente y frustrar la iniciativa soberanista de desconexión con el Estado. La estrategia –de acuerdo con los dictámenes elaborados en los laboratorios jurídicos del Ejecutivo– prevé actuaciones ante el Tribunal Constitucional (TC), luego en vía penal y sólo en último término la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite acordar la suspensión total o parcial de la autonomía.
La primera fase se inició de hecho meses atrás, con la preparación de la reforma del Tribunal Constitucional (TC) para darle competencias en materia de ejecución de sus resoluciones. Ese será el primer dique, el recurso de inconstitucionalidad, preparado por la Abogacía del Estado y presentado por el presidente del Gobierno, en cuanto el Parlament apruebe, si lo hace, la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP en favor de la república catalana. Lo previsible –por el contenido de la propuesta y por los antecedentes invocables– es que el TC anule la declaración.
A partir de ahí se habrán acabado las detonaciones de advertencia y se estará en un escenario de fuego jurídico real. Quienes desoigan o desobedezcan la resolución del Constitucional podrían ser suspendidos en sus funciones, si ejercen cargo público, y además podrían ser objeto de querella ante los tribunales. La primera decisión correspondería al propio TC, cuya reforma se ha llevado a cabo precisamente para darle competencias coercitivas que impidan el incumplimiento de sus resoluciones. El Constitucional nunca reclamó esas atribuciones y su ampliación generó reservas en el seno de la propia institución. Pero la evolución de los acontecimientos, el tenor literal de las propuestas soberanistas y la convergencia de puntos de vista entre los dos grandes partidos estatales, junto a otras fuerzas constitucionalistas ahora minoritarias, permite prever que su aplicación por el TC no hallaría fuertes frenos en esta institución.
La cuestión es en qué grado se aplicaría. La suspensión de Artur Mas como presidente de la Generalitat resulta, en este sentido, poco probable en primera instancia. Pero al TC le cabe recabar la actuación de las instituciones del Estado para el cumplimiento de sus resoluciones. Y el Gobierno atendería esos requerimientos a la velocidad del rayo. Estaríamos, en suma, ante una especie de suspensión “light” de la autonomía.
La estrategia elaborada contempla la hipótesis de la intervención de la Fiscalía General del Estado en el ámbito penal en paralelo o tras la actuación del Constitucional. Ahora ya no habría debates internos ni tensiones con los fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía del Estado se ha reorganizado desde la querella sobre el 9-N y, si hay materia por supuestos actos de desobediencia, actuará en consecuencia y sin consultas previas con los fiscales de Catalunya.
Como “última ratio” jurídico constitucional, al Gobierno siempre le queda el artículo 155 de la Constitución. Justicia y la Abogacía
La Fiscalía se ha reorganizado y si cree que hay desobediencia actuará sin debates con los fiscales catalanes
del Estado no ven problema alguno en que las Cámaras hayan sido disueltas. Dicho precepto de la Carta Magna prevé la participación del Senado en el proceso de suspensión de la autonomía, y los informes preparados por el Ejecutivo estiman que la Diputación Permanente de la Cámara Alta asumiría esas funciones sin reproche legal posible.