La Sindicatura de Comptes ve falta de control sobre el dinero público del Palau

Las administraciones han perdido peso en la gestión del emblemático edificio

La Sindicatura de Comptes hizo público ayer un informe en el que critica la gestión del Palau de la Música en el periodo posterior al escándalo del caso Fèlix Millet. Ahora no se acusa a la directiva de apropiación indebida de fondos públicos, pero sí se constata el menor control que ejercen las administraciones sobre el dinero que aportan al Palau. Según el informe, la unificación de las tres instituciones que forman el Palau –Associació Orfeó Català, Consorci Palau de la Música i Fundació Palau de la Música– “no ha supuesto una mejora en la transparencia en la gestión de los recursos públicos”. La Sindicatura añade que el convenio firmado a tres bandas incumplió el procedimiento administrativo, no fue ratificado por las entidades consorciadas y no debería tener vigencia, pues no llegó a publicarse en el DOGC. Además vulnera, dice, la normativa en materia de subvenciones públicas.

Tras haber revisado las cuentas del Palau –“con total transparencia por nuestra parte”, apunta Joan Oller, director general de la entidad–, la Sindicatura ve improcedente que el dinero retornado del desfalco que llega del juzgado los reciba el Fondo Especial Voluntario (FEV) creado para la ocasión, pues está gestionado por la fundación sin que deba informar al consorcio. Los 2,4 millones de euros que ya han sido devueltos a éste –de los 3,65 que le corresponden por el desfalco– son los únicos que ha recibido el FEV, indica el informe, pues la fundación ha invertido los suyos –2,5 de los 29 que le fueron sustraídos (24 según Hacienda)– en sufragar los gastos derivados de su defensa en el caso Millet, esto es, abogados o notarios. Pero también –vistas las cuentas que facilita el Palau–, en retorno de subvenciones no justificables.

Luego habría también irregularidades que la Sindicatura denuncia en su informe, como la duplicidad de una subvención por una misma factura; la confusión en materia de recursos humanos entre las tres entidades; el alquiler de salas del Palau a la fundación sin formalizar contrato; las compensaciones de saldos entre cuentas; la falta de justificantes en el registro contable, o el hecho de que la fundación se quede la taquilla por vistas turísticas, a pesar de que el objeto del consorcio es gestionar el Palau.

Joan Oller señala que esas irregularidades detectadas corresponden a un periodo excepcional, 2010-2011, con la estructura dividida. “Claro que hay irregularidades, había gente que trabajaba para una entidad y para la otra; pero en 2012 ya se parte de un solo presupuesto, un solo convenio laboral y un único órgano de gobierno gestionando la actividad del Palau”. Respecto al FEV, recuerda Oller que “es resultado del acuerdo a tres bandas y que la fundación sólo puede destinar ese dinero a gastos relacionados con el proceso judicial, a inversiones en el edificio o a garantizar el equilibrio patrimonial del consorcio, por lo tanto, si éste entrara en situación de peligro, el capital lo cubriría”.

El Palau puede funcionar como fundación privada porque cuenta con una mayoría de ingresos privados –1,7 millones de un presupuesto de 12,9– y porque gestiona un patrimonio privado, recuerda Oller. “Fue en 1983 cuando se constituyó el consorcio. Hoy, en todo caso, el Palau también está tutelado por las administraciones, que no sólo están presentes en el patronato del consorcio, sino en el de la fundación, de modo que tienen acceso a las cuentas”. El problema sería que no las facilita el consorcio sino la fundación, que concentra el poder. En 2014 ingresó 2,5 millones por las visitas a un edificio cuya restauración se financió con fondos públicos.

Joan Oller atribuye las irregularidades detectadas a una etapa de transición que luego ya se solventó