La Audiencia asume el caso del fraude de Volkswagen
Desde ayer ya se puede hablar del caso Volkswagen como asunto judicial en trámite en la Audiencia Nacional. La Fiscalía había pedido que se admitiera a trámite la querella presentada hace unas semanas por la manipulación de los motores diésel de la marca y el juez Ismael Moreno ha dictado una resolución judicial en la que acepta investigar los hechos presuntamente delictivos cometidos por el fabricante alemán. Para ello, el magistrado ha pedido de entrada numerosa documentación tanto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo como a los gestores de la multinacional Volkswagen en España.
En su resolución de ayer, el juez imputa a Volkswagen como persona jurídica y le pide que nombre a un representante que debe personarse en el juzgado de la Audiencia Nacional el próximo 10 de noviembre para prestar declaración. Igualmente, el juez Andreu reclama al Ministerio de Industria toda la información de la que disponga sobre el presunto fraude, con expresa mención del dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA). Solicita asimismo la remisión a la Audiencia de los dictámenes periciales que se hayan realizado o recibido sobre la materia, tanto del grupo Volkswagen como de otras instancias interesadas.
El magistrado no descuida que uno de los aspectos del problema denunciado es el de las repercusiones medioambientales. Por ello, solicita al Ministerio de Agricultura los dictámenes periciales que haya podido realizar con respecto a vehículos supuestamente manipulados para evaluar su grado de emisiones nocivas. En cuanto a Volkswagen, se le piden todos los comunicados oficiales sobre el asunto, la relación de vehículos afectados vendidos en España, el organigrama de la firma en el mercado nacional, con especificación de funciones vinculadas a los hechos.
También se solicita en el mismo auto judicial que se identifique a la empresa a la que se encargó la fabricación del software, el informe sobre la instalación del programa informático, con mención del departamento encargado de ello en España y, finalmente, un informe sobre las medidas adoptadas para subsanar los perjuicios causados. El juez, a su vez, ha admitido que se personen como acusación el sindicato Manos Limpias y dos organizaciones de consumidores y usuarios.
JOSÉ MARÍA BRUNET