CDC niega haber recibido comisiones de Ferrovial
El partido dice que nadie vio a su tesorero recibir sobres
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) niega haber recibido comisiones ilícitas de Ferrovial ni que se financiara ilegalmente por medio del Palau de la Música.
Así consta en el escrito de defensa por el saqueo de la entidad cultural, en el que asegura que “nadie vio recibir sobres” a su extesorero y gerente de la fundación CatDem, Daniel Osàcar, que por su parte exige su libre absolución por este asunto.
La formación política está acusada por la Fiscalía Anticorrupción de ser partícipe a título lucrativo (beneficiarse de un delito sin ser el protagonista de él) del fraude en el Palau, y de haber recibido por medio de él 6,6 millones de euros, procedentes de comisiones a cambio de obra pública por parte de la constructora Ferrovial.
Actualmente, por esa razón tiene embargadas quince sedes. Su escrito de defensa por este asunto llega en un momento delicado para el partido, pues su actual tesorero, Andreu Viloca, y el anterior, Daniel Osàcar, también acusado en el Palau, están imputados en el caso del 3%, y han suscrito la declaración soberanista del Parlament. En el texto presentado ayer al juzgado se puede leer que desde su fundación, CDC ha estado “profundamente implicada en la historia del régimen constitucional español” y que ha participado “en la gobernabilidad de España con transparencia y lealtad”.
En cuanto a su financiación, asegura que siempre ha sido legal: cuotas de militantes, ingresos públicos, donaciones de particulares y créditos bancarios, y siempre auditados. Justifica los contratos del Palau con la Fundació Trias Fargas, que luego pasó a llamarse CatDem, como promoción de la cultura catalana en ámbitos como la sardana y el canto coral. De todas formas, los 630.655 euros están siendo devueltos. También niega facturación falsa por medio de empresas interpuestas.
En cuanto a la adjudicación de obra pública a Ferrovial, dice que no fue ni siquiera irregular, y menos ilícita, y pide que declaren como testigos los consellers de obras públicas entre 1999 y el 2004 (fueron Pere Macias y Felip Puig), así como el consejo de administración de Gisa (la empresa pública de licitación) que adjudicó la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro, dos de las obras bajo sospecha. También se refiere al
En su escrito por el caso del Palau, CDC se define como implicada en el régimen constitucional español
papel de su tesorero entonces, Daniel Osàcar, de quien señala que no hay pruebas contra él y que “nadie la ha visto recibiendo ningún sobre”. Osàcar también presentó su escrito, donde exige su absolución porque no trató con Ferrovial ni influyó en funcionarios públicos. El fiscal exige para él siete años y medio por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad.
Asimismo, ayer presentaron sus escritos Jordi Montull, exmano derecha de Millet en el Palau, y su hija Gemma, exdirectora financiera de la institución. El primero acepta un máximo de quince meses por su participación, que reduce a “una serie de actuaciones patrimoniales irregulares” en perjuicio del Palau “por iniciativa de Millet”, y esgrime su carta de confesión y la devolución de fondos a la entidad. El fiscal exige para él 27 años y medio de cárcel. En cuanto a Gemma Montull, solicita la absolución porque no ha incurrido en delitos, a su parecer. En su caso la petición de Fiscalía es de 26 años.