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Las empresas que han abandonado Catalunya en las últimas semanas, y las acusaciones de dopaje que impiden a los atletas rusos participar en competiciones internacionales.
EL anuncio del empresario hotelero Jordi Clos, patrón del grupo Derby y del sector turístico catalán, de que traslada su centro de decisiones a Madrid es un toque de alerta que se suma a la decisión tomada el pasado octubre por Laboratorios Grifols de trasladar a Irlanda, por motivos fiscales y regulatorios, tres cuartas partes de la gestión de la multinacional catalana de hemoderivados. También empresas como Vall Companys y Suez Environment han trasladado su sede.
Aunque la empresa Derby ha asegurado que el traslado no tiene nada que ver con el proceso independentista y que la decisión de Grifols se justificó en su día en el hecho de que en Irlanda el impuesto de sociedades está en el 12,5% cuando en España se eleva al 28%, es evidente que la situación política, económica y fiscal en Catalunya está en la base de esas fugas empresariales. Por tanto, es conveniente que las autoridades catalanas se planteen los problemas de fondo y arbitren medidas para evitar que estos casos se conviertan en tendencia.
Lo primero es poner fin a la inestabilidad política que sacude Catalunya por la cuestión territorial. Es sabido que las empresas precisan de un marco político, económico y fiscal estable para la necesaria toma de decisiones de futuro. Ese no es el caso de Catalunya, con un Govern en funciones y un más que incierto futuro, tanto por lo que hace a la complicada elección del nuevo Ejecutivo, como a las cesiones que pueda hacer a la extrema izquierda anticapitalista tras los resultados del 27 de septiembre.
La segunda cuestión es la necesidad de abordar un plan que resuelva las necesidades financieras de Catalunya. De una parte, la calificación de bono basura de su deuda es una espada de Damocles sobre la economía y las empresas. De otra, la insuficiente financiación autonómica, que en el caso de Catalunya se ha convertido en un grave cuello de botella, debe resolverse con premura, tanto para evitar que la deuda siga creciendo como para poder promover unas políticas eficaces de empleo y de ayuda a las empresas.
La tercera cuestión es el desequilibrio fiscal que afecta a Catalunya con respecto de otras comunidades autónomas. La presión fiscal que sufren los catalanes es la más alta de España y con diferencias alarmantes, fruto de un sistema obsoleto que supone un agravio comparativo. Por ejemplo, en el IRPF, la diferencia entre un catalán y un madrileño, que son los dos polos extremos, es de cinco puntos porcentuales. Para una renta de 30.000 euros en el 2015, un ciudadano catalán pagará 5.205,63 euros, mientras que para un habitante de la capital de España el pago será de 4.932 euros. La razón de ese desequilibrio es que las comunidades ingresan el 50% del impuesto de la renta y son las autonomías las que aprueban recargos, según sus necesidades en la prestación de servicios. Otros ejemplos de agravio se encuentran en los impuestos de sucesiones, de patrimonio o de transmisiones.
A diferencia de las personas físicas, los tipos impositivos para las sociedades son los mismos en Madrid que en Barcelona, pero es indudable que trasladar la sede lanza un mensaje de probable traslado posterior de la residencia fiscal y de dónde se sitúa el centro de interés económico de esa empresa. Por tanto, es necesario aclarar de forma inmediata el presente político de Catalunya para acceder a la estabilidad precisa y encarar el problema de una financiación acorde con las necesidades y la importancia de la primera economía del país.