Montoro acentúa el control del FLA en Catalunya
El Gobierno quiere evitar que los fondos contribuyan al proceso independentista
La comisión delegada de Asuntos Económicos aprobó ayer nuevas condiciones para el cobro de fondos del FLA. Montoro negó que la decisión pueda considerarse como una intervención de la economía catalana.
El Gobierno añadió ayer una nueva medida para contrarrestar los efectos de la declaración independentista aprobada por el Parlament de Catalunya hace ya casi dos semanas. Y esta vez ha tocado un punto débil –tal vez el más débil de todos– del gobierno que preside Artur Mas: el dinero.
La comisión delegada de Asuntos Económicos, reunida tras el Consejo de Ministros, aprobó unas condiciones adicionales que Catalunya deberá cumplir para el cobro del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El trasvase de recursos a través de este mecanismo es hoy imprescindible para la Generalitat, especialmente para el pago a determinados proveedores como es el caso de las farmacias, ortopedias, hospitales concertados, centros sociosanitarios y residencias a las que se adeudan casi 2.000 millones de euros, según cifras divulgadas esta semana. Con el remanente anunciado ayer, Catalunya recibirá 3.034 millones de euros.
Pero las medidas anunciadas ayer por el Gobierno central van mucho más lejos de la liquidación de la deuda e incluyen mecanismos de control de los fondos que recibe la Generalitat y que no están condicionados, como ocurre en el caso del FLA. El propósito final del Ejecutivo españoles que no puedan ser destinados al proceso rupturista. Dicho por el propio ministro Montoro: “No es admisible que nadie dedique ni un euro de dinero público a una actividad que no tiene amparo legal ni constitucional”
El Gobierno hizo especial hincapié en que se trata de una medida específica para Catalunya. Una medida sin precedentes, así anunciada aunque, en realidad, la mayoría están previstas en el propio despliegue del Fondo de Liquidez Autonómica –del que Catalunya ha sido el principal beneficiario en estos últimos cuatro años– y en la ley de Estabilidad, que prevé mecanismos coercitivos para las administraciones públicas que no cumplen con sus compromisos económicos como es el caso de la Generalitat.
El ministro Montoro justificó estas restricciones no sólo en la singular situación política catalana. Aludió también a la rebaja de su nota por las agencias de rating; al incumplimiento de determinadas obligaciones de información y al reciente contencioso –otro
más– entre el Govern y Hacienda a cuenta de la contabilización de 1.300 millones de euros de déficit en el 2015 que la Generalitat rechaza.
Por último, Montoro añadió también en la lista de reproches al Govern la propuesta –incluida en la resolución 1/ XI del Parlament– en la que se sugería la revisión de la deuda con los bancos y también con el Gobierno central, que supera ya los 63.000 millones de euros.
Montoro dijo que estas medidas, que por ejemplo obligarán a los interventores de la administración catalana a informar preceptivamente sobre la “legalidad” de los gastos del Govern –algo que de oficio ya se hace en el procedimiento administrativo–, no deben interpretarse como una intervención de la Generalitat.
No lo ve del mismo modo el conseller Mas-Colell que ayer por la noche aseguró que el “Estado podría estar intentando aplicar de forma encubierta el artículo 155 de la Constitución”, el mecanismo de último recurso que permite a la Administración central tomar el control de una autonomía y que hasta el momento el presidente del Gobierno ha rehusado utilizar. El conseller tiene argumentos jurídicos para hacer esta interpretación, dado que la ley de Estabilidad Presupuestaria prevé la utilización de esta vía constitucional para reprender a los gobiernos autonómicos morosos.
En declaraciones a TV3, Mas-Colell consideró que “es muy grave que se singularice a Catalunya por razones políticas”. “El funcionamiento de la hacienda pública y del FLA, que supone la canalización del dinero que pagan los catalanes hacia los servicios públicos de los catalanes, no debería estar condicionado a que la política del gobierno de Catalunya guste o no al gobierno de turno de Madrid”, agregó Mas-Colell en esta intervención en la televisión pública.
No obstante fuentes de la conselleria indicaron ayer que deberán leer con atención la fórmula jurídica que adopte lo anunciado ayer por el Gobierno tras el Consejo de Ministros. Hasta entonces será difícil deslindar qué hay de nuevo en estos mecanismos de control y que, en realidad, se aplica ya en estos momentos. Es decir, cuánto hay de firme en la advertencia del Gobierno y cuánto hay de mensaje destinado al consumo del propio electorado. En cualquier caso, el departamento dejo claro que las restricciones que juzguen ilegítimas “serán denunciadas”.
El dinero que recibirá Catalunya procede del excedente del Fondo de Liquidez Autonómica para el 2015, un total de 7.889 millones que se reparten entre las comunidades acogidas a este plan que lo han solicitado. El ministro, en la rueda de prensa, admitió que los recursos del fondo no se han gastado, “ni un solo euro, con intencionalidad política, veleidades independentistas ni otras ocurrencias de menor gravedad”. Es así porque, en realidad, el FLA es un mecanismo por el que el Gobierno paga directamente, a cuenta de un crédito, lo que debe la comunidad, en este caso Catalunya.
En cualquier caso, el anuncio del Gobierno evidencia que el Ejecutivo ha decidido dar un trato de excepcionalidad política a Catalunya tras la aprobación de la resolución del Parlament. En esa misma línea se sitúa el hecho de que el presidente Rajoy haya decidido excluir a Artur Mas en su ronda de contactos sobre el yihadismo, una decisión que ayer la vicepresidenta del Gobierno volvió a justificar.
CON EL OJO EN LA INTERVENCIÓN Los interventores deberán emitir cada mes un certificado de que todos los gastos son legales