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Las advertencias del Cercle d’Economia sobre las decisiones tomadas por el Parlament, y el refuerzo en la seguridad del partido Madrid-Barça.
EL Cercle d’Economia ha hecho público un comunicado sobre la situación política en Catalunya en el que alerta de forma grave y solemne sobre las negativas consecuencias que para la economía tiene, “desde el primer minuto”, la aprobación por el Parlament de Catalunya de la resolución que aboga por la ruptura de la legalidad para iniciar el camino hacia la independencia. Una advertencia que, por venir de quien viene, debe ser tenida en cuenta por los políticos elegidos y por la opinión pública en general.
Entre otras cosas, afirma el comunicado que dicha resolución ha tenido ya un impacto negativo sobre la economía catalana con pérdida de sedes empresariales y de inversiones. El Cercle justifica esta afirmación en el conocimiento que tiene de la realidad por “nuestras responsabilidades empresariales y vinculación al mundo económico y financiero”. Sabido es que este añejo club de opinión está formado por destacados miembros del mundo de la empresa, las finanzas, la universidad, la economía, el derecho y la sociedad catalanas, por lo que sus comunicados han tenido siempre un destacado papel, desde tiempos de la dictadura, en la sociedad catalana y española. El comunicado del Cercle llega el día siguiente de anunciarse que un destacado grupo empresarial del sector hotelero catalán, Derby Hotels, ha trasladado su sede a Madrid, del mismo modo que anteriormente lo han hecho otras empresas, como la multinacional catalana Grifols, que ha desplazado alguna de sus áreas.
Para el Cercle, la inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial que crea la citada resolución rupturista del Parlament “son altamente perjudiciales para la fortaleza de la economía catalana”. El comunicado va más allá y alerta de que aquella decisión parlamentaria no sólo representa una quiebra de la legalidad, sino que, al no contar con la mayoría de la sociedad catalana, según se desprende de los resultados de las elecciones del pasado septiembre, lleva consigo un grave riesgo de fractura social. Los firmantes del comunicado abogan por un cambio de rumbo y la formación de un gobierno con mayoría parlamentaria “estable y respetuosa con la legalidad” que, de no lograrse, desembocaría en la convocatoria de nuevas elecciones. Finalmente, el comunicado afirma que la aspiración independentista de la mayoría del Parlament es legítima, pero que “debe encauzarse por caminos democráticos y no a través de la ruptura de la legalidad”.
Es evidente que la resolución aprobada por el Parlament fue un error político manifiesto, como en su día se escribió en esta página editorial. Además, se interpretó como una cesión a la izquierda anticapitalista para obtener su apoyo en la investidura del presidente Mas, inútil por lo que se está viendo, y que ha molestado a una buena parte de la sociedad catalana e incluso, lo que resulta más significativo, a un sector del centro sociológico que dio su voto a opciones independentistas. Aquella sorprendente y precipitada apuesta por la ruptura de la legalidad entraña un riesgo demasiado alto para la cohesión social y la economía, como señala de forma acertada el Cercle, que no todos los que apoyan la independencia están dispuestos a correr. Llegados a este punto no queda otro camino que el de un giro estratégico para alcanzar un gobierno estable o convocar nuevas elecciones para la primavera. Está claro que los argumentos que ha esgrimido la opción independentista han perdido fuerza y apoyos a partir del momento en que la mayoría parlamentaria decidió apostar por la ruptura de la legalidad.